El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha comparecido hoy ante los medios junto al consejero de Aguas, Domingo Cejas, y el nuevo gerente del Consorcio, Fernando Fernández Pinazo, para informar sobre los resultados de la Asamblea Extraordinaria del Consorcio del Agua, en la que se abordaron los graves incumplimientos detectados en la gestión de Canal Gestión, la empresa concesionaria del servicio de agua en la isla.
Betancort explicó que, tras un informe global presentado por la responsable de fiscalizar el grado de cumplimiento de Canal Gestión, se han detectado graves irregularidades que podrían derivar en sanciones o incluso en la resolución del contrato. “El informe concluye que se ha producido un claro y manifiesto incumplimiento del plan de explotación del servicio, así como un defectuoso cumplimiento del mismo, lo que impide cumplir con el objeto y fin del contrato”, afirmó Betancort.
Uno de los puntos más críticos señalados por el presidente del Cabildo fue el alto nivel de pérdidas de agua producida, que supera el 50%, muy por encima del límite del 30% estipulado en el contrato. “La falta de un procedimiento adecuado para la detección de fugas y la insuficiencia de recursos humanos destinados a esta tarea han contribuido a esta situación insostenible”, explicó.
Betancort también criticó la falta de acción por parte del anterior gobierno, liderado por Dolores Corujo, afirmando que no se realizó una fiscalización exhaustiva y que muchos expedientes se perdieron o quedaron sin concluir. “El informe de 2019 ya señalaba la necesidad de sectorizar y telegestionar el abastecimiento, pero cuatro años después, todo continúa igual”, señaló.
Entre los incumplimientos más graves, Betancort mencionó la falta de pago del canon correspondiente, la no presentación de memorias anuales desde 2019, y la subcontratación ilegal de servicios esenciales que, según el contrato, debían ser gestionados directamente por la concesionaria. “Estos incumplimientos, junto con los reiterados cortes de suministro de agua, constituyen una infracción muy grave que habilita la resolución del contrato”, advirtió el presidente.
A continuación, el consejero de Aguas, Domingo Cejas, tomó la palabra para aclarar el estado de las penalidades impuestas a Canal Gestión. “Las penalidades iniciadas hasta la fecha están motivadas por vertidos específicos y problemas en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), así como por cuestiones relacionadas con el arrendamiento de infraestructuras”, explicó Cejas.
El consejero destacó que de las dos penalidades culminadas, ambas fueron iniciadas en 2018 y 2019. La primera, relacionada con un vertido en la EDAR de Playa Blanca, conllevó una multa de 10.000 euros, mientras que la segunda, por incumplimientos en los contadores, resultó en una sanción de 30.000 euros. Sin embargo, Cejas subrayó que “aparte de estas dos sanciones, todas las demás penalidades permanecen abiertas y no han sido resueltas”.
Cejas añadió que Canal Gestión presentó alegaciones en respuesta a las penalidades, algunas de las cuales fueron aceptadas, lo que llevó a la anulación de una de las sanciones. “Una de las penalidades, relacionada con la fisiología de las redes, fue resuelta a favor de Canal Gestión, lo que demuestra que en algunos casos las alegaciones fueron consideradas válidas”, afirmó el consejero.
Para concluir, tanto Betancort como Cejas reafirmaron el compromiso del Cabildo de Lanzarote de asegurar una gestión eficiente y transparente del agua en la isla. Betancort insistió en que “el servicio de agua de Lanzarote está absolutamente garantizado” y que, en caso de una posible resolución del contrato, se tomarán las medidas necesarias para proteger los intereses de los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa.
Finalmente, Betancort quiso aclarar un aspecto relacionado con la gestión del anterior gobierno respecto a Canal Gestión. Según explicó, se ha afirmado que la anterior corporación inició un expediente de contratación de un informe global para tomar decisiones con respecto a Canal Gestión. “Yo pedí un informe para verificar si efectivamente fue así, si se tomó la decisión de contratar a un equipo jurídico que fiscalizara y depurara las obligaciones del contrato”, señaló el presidente. La respuesta de los servicios jurídicos del consorcio fue clara: “Se preparó un contrato para analizar de forma detallada los incumplimientos, pero lo único que se hizo fue un intento de contratación”.
Betancort continuó detallando que “hubo varios intentos en tres expedientes diferentes, pero ninguno llegó a buen término. El primer expediente quedó desierto, el segundo fue suspendido por decreto en noviembre de 2022, y el tercero, también en 2022, fue adjudicado directamente a un tercero sin un proceso de contratación correcto”. El presidente agregó que, ya en julio de 2023, cuando él asumió la presidencia, los juristas del consorcio alertaron de las omisiones en el procedimiento de contratación, recomendando en septiembre la no celebración del contrato debido a que el procedimiento no era el adecuado. “Quiero manifestar a la opinión pública que, aunque se diga que ya se había hecho, la realidad es que no se hizo correctamente”, concluyó Betancort.
Finalmente, reiteró que su único objetivo es gestionar el problema del agua en Lanzarote y La Graciosa de manera efectiva, sin buscar culpables, y subrayó que el agua no tiene color político. Agradeció al nuevo gerente su compromiso y le aseguró que contará con todo el apoyo técnico y jurídico necesario para llevar a cabo su labor. “Tenemos mucho trabajo por delante, incluyendo la recuperación del agua que se está perdiendo, y vamos a materializar los recursos necesarios para lograrlo”, finalizó.
