Informa Lanzarote

El PSOE acusa a Oswaldo Betancort de “engañar” a los ayuntamientos tras eliminar los fondos del Plan de Cooperación Municipal.

El PSOE de Lanzarote ha denunciado lo que considera un engaño del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, tras eliminar los fondos del Plan de Cooperación Municipal, al que está obligado por ley, con la excusa de que serían compensados por los fondos europeos del PAI (Plan de Actuación Integrado). Ahora, tras confirmarse la inadmisión del PAI en la convocatoria EDUSI-FEDER 2021-2027, Lanzarote se queda sin los fondos europeos y los municipios sin el apoyo económico que les correspondía por derecho a través de los fondos de cooperación.

La secretaria general del PSOE de Lanzarote  y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha calificado la maniobra de Betancort como un engaño deliberado a los alcaldes y alcaldesas, al utilizar un instrumento europeo sin relación con el plan de cooperación municipal para justificar la retirada de unos fondos que son una obligación legal del Cabildo.

La secretaria socialista ha recordado que el Plan de Cooperación Municipal fue creado por una ley impulsada por un gobierno socialista, precisamente para garantizar la equidad y el equilibrio territorial entre los municipios, y evitar que los cabildos actúen con discrecionalidad política.

Por su parte, el Cabildo recurrirá esta Resolución Provisional del Ministerio de Hacienda, que ha declarado inadmitido el Plan de Actuación Integrado.

La Institución estima que no se ha tenido en cuenta su condición singular, ya que, conforme a la Ley 2/2006, Lanzarote se encuentra integrada en el régimen de Grandes Ciudades y por tanto, beneficiaria de hasta 20 millones de euros de financiación europea, previsto en la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, lo que habilita a la isla para concurrir a convocatorias de este tipo en igualdad de condiciones que otras entidades locales de su categoría. 

El presidente del Cabildo presentará alegaciones en el plazo de 10 días que establece el Boletín Oficial del Estado, convencido de que la justicia y el derecho respaldan la reclamación de Lanzarote. 

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