La diputada socialista defendió en la Comisión de Vivienda una proposición no de ley para regular los pisos turísticos en territorios insulares y proteger el derecho a una vivienda digna
María Dolores Corujo, diputada y secretaria general del PSOE de Lanzarote, trasladó al Congreso de los Diputados la grave situación habitacional que atraviesan Lanzarote y Canarias, defendiendo una proposición no de ley sobre la regulación de los pisos turísticos en los territorios insulares. Corujo explicó que el objetivo es proteger el derecho a un hogar, preservar la convivencia en barrios y pueblos, y garantizar la seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios.
“En Lanzarote, trabajar ya no garantiza un techo. Jóvenes que no pueden emanciparse, parejas con dos sueldos que llegan ahogadas a fin de mes, profesionales que renuncian a venir, familias compartiendo piso o viviendo en garajes. Esto no es una anécdota: es una emergencia sin precedentes”, subrayó la diputada.
Corujo advirtió que “la situación de la vivienda en nuestras islas es una crisis humanitaria, social y económica que amenaza la igualdad, la cohesión social y el futuro de nuestras comunidades”, reclamando una respuesta política clara y coordinada entre las distintas administraciones.
La parlamentaria socialista aportó datos que evidencian la urgencia de actuar: en Canarias, el precio medio de la vivienda subió un 13,2% interanual, frente al 8% nacional, mientras que las compraventas cayeron un 8,1%. Desde 2014, el coste de la vivienda ha aumentado un 80%, frente a una revalorización salarial del 18%. Corujo señaló la expansión de los pisos turísticos como uno de los factores que más presiona los precios al alza:
“Uno de los factores que más presiona al alza los precios es, sin duda, la proliferación, legal e ilegal, de las viviendas vacacionales. Por eso es fundamental reforzar la regulación y garantizar su cumplimiento con más inspección, más control y un registro único eficaz”.
La diputada destacó además que el Gobierno de España está actuando, con más de 372.000 solicitudes al registro de viviendas vacacionales, de las cuales un 21% han sido revocadas. Finalmente, Corujo apeló a la responsabilidad institucional y la urgencia política:
“La presión sobre el acceso a la vivienda en Lanzarote requiere una respuesta pública clara, basada en el cumplimiento de la ley, la ordenación del territorio y la regulación efectiva de los usos turísticos. Primero va la gente y después todo lo demás”.
