El grupo de trabajo de la CALRE analiza en la isla la próxima aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en un encuentro marcado por la denuncia de la “absoluta soledad” de Canarias ante la presión migratoria.
La Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), mediante su Grupo de Trabajo sobre Migración, organizó ayer lunes en Lanzarote un evento centrado en los desafíos de la gestión migratoria actual y la próxima implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo programada para 2026.
Durante su participación, Astrid Pérez enfatizó la necesidad de una acción solidaria y coordinada a nivel europeo frente al reto migratorio, declarando que Europa necesita una respuesta compartida y solidaria ante el reto migratorio. Pérez también insistió en la importancia de las regiones de “primera línea”, como las Islas Canarias, para la toma de decisiones en la aplicación de las políticas migratorias de la UE.
Canarias, en “absoluta soledad”
La presidenta del Parlamento de Canarias y líder del grupo de trabajo alzó ayer la voz para denunciar la “absoluta soledad” en la que, a su juicio, se encuentra el archipiélago frente a la creciente y desbordante presión migratoria. Ha realizado un firme llamamiento a la Unión Europea y al Gobierno de España para que asuman una política común y una responsabilidad compartida que alivie la carga que recae de manera desproporcionada sobre las islas.
Pérez efectuó estas declaraciones en Arrecife y el objetivo central de la cita era visibilizar la “situación real” de Canarias, un territorio que se ha convertido en la principal frontera sur de Europa en la peligrosa Ruta Atlántica, para así reclamar ayuda urgente y una gestión migratoria ordenada y solidaria.
La presidenta del Parlamento Canario resaltó la disparidad de cifras migratorias, un argumento que utiliza para atribuir el incremento a cambios en la política diplomática y migratoria del Gobierno español a partir de 2018. Mientras que en 2017 el archipiélago registró 427 llegadas, la cifra se disparó hasta alcanzar aproximadamente 48.000 migrantes en 2024, lo que representa un aumento sin precedentes y evidencia la incapacidad del sistema autonómico para gestionar el fenómeno en solitario.
La situación de los menores no acompañados (MENA) es uno de los mayores focos de tensión. Astrid Pérez subrayó que Canarias tutela actualmente a más de 5.000 menores, de los cuales cerca de un millar son solicitantes de asilo. Esta cifra excede con creces la capacidad de acogida de la comunidad autónoma, generando un sobrecoste significativo para las arcas públicas y exigiendo un mecanismo de reparto obligatorio y solidaridad entre todos los Estados miembros de la UE, y a nivel nacional, con el resto de comunidades españolas.
Mohamed Ouriagli: “El volumen que afecta a Canarias es enorme”
La reunión en Arrecife, que incluyó la grabación de un videopodcast sobre migración en el Castillo de San José para “llegar a muchísima gente” y “alzar la voz”, contó con la participación de figuras institucionales clave. Entre ellas se encontraba el vicepresidente del Parlamento de Bruselas, Mohamed Ouriagli, quien reconoció la gravedad de la situación, admitiendo que “el volumen que afecta a Canarias es enorme”.
Ouriagli hizo hincapié en la importancia de la solidaridad europea y propuso la distribución de la acogida en otros territorios, defendiendo la creación de nuevos centros de recepción y la necesidad de una respuesta que vaya más allá del control de fronteras. Según el representante bruselense, la estrategia debe evolucionar hacia la aceptación y el “aprender a convivir” con las personas que llegan.
Mohamed Ouriagli se mostró sorprendido por el gran volumen que afecta al archipiélago canario respecto al fenómeno migratorio. Ouriagli destacó que “se encontraba en la isla para tratar de estudiar y evaluar las opciones que se pueden llevar a cabo para resolver el este efecto migratorio”.
El vicepresidente también apeló a la solidaridad de todos los países europeos para hacer frente a la crisis migratoria que se está produciendo en los últimos años. Además, también señaló que con los centros de acogida que hay no es suficiente, hay que crear más y no sólo en Canarias, a través de un reparto justo. Otro de los puntos que abordó fue el de la necesidad de hacer efectivo los pactos acordados entre las instituciones para atajar y hacer frente a la migración que, sobre todo, sufren los países del sur de Europa.
El futuro pacto que entrará en vigor en 2026, posible solución
Por su parte, Juan Carlos Lorenzo de Armas, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, habló sobre la situación migratoria dentro de la Unión Europea y el papel que juegan las instituciones, además de algunas de las propuestas que se podrían realizar para llevar la situación demográfica de una mejor manera. Con la vista puesta en la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE a mediados de 2026, este acuerdo podría aportar “soluciones reales” para ordenar la gestión fronteriza y de acogida.
La máxima responsable del Parlamento autonómico, Astrid Pérez, insistió en la necesidad de “reparto y solidaridad” para que Canarias no continúe “tramitando, gestionando y acogiendo en solitario” a estas personas, incluidos los menores. En definitiva, la postura de Astrid Pérez y la CALRE subraya la urgencia de abandonar la insularidad en la gestión de una crisis que es de dimensión europea.
El liderazgo canario en la CALRE busca influir directamente en las políticas migratorias de la UE para que la condición de frontera exterior del archipiélago se traduzca en responsabilidad y financiación compartidas, especialmente en lo relativo a la protección y tutela de los menores no acompañados.
