Informa Lanzarote

La consejera de Turismo de Canarias, Jéssica de León, sufre agresiones y amenazas tras la aprobación de la Ley de Vivienda Vacacional.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha sido objeto de graves agresiones físicas y amenazas, apareciendo su vivienda y su coche con restos de pedradas, así como recibiendo insultos y amenazas de muerte en redes sociales durante la tramitación y tras la aprobación de la Ley de Vivienda Vacacional.

Estos hechos, denunciados ante la Policía, coinciden con un clima tenso generado por el debate público en torno a la norma. Entre los mensajes, se incluyen amenazas extremas que llegan a pedir “quemar viva” a la consejera, según ha alertado el vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez. También se habría difundido un vídeo manipulado con inteligencia artificial, que representa a la consejera en un escenario violento, como parte de la campaña de acoso.

Jéssica de León ha manifestado su voluntad de no victimizarse, pero ha señalado la necesidad de visibilizar la situación por su gravedad y la intencionalidad de los ataques. Su denuncia reafirma que la violencia nunca puede ser aceptable, incluso en un contexto de controversia política y social.

Al conocerse los hechos, numerosas personalidades y organizaciones políticas, incluyendo al presidente del Gobierno de Canarias, han expresado públicamente su condena y su solidaridad con la consejera, resaltando que las discrepancias políticas no pueden derivar en agresiones ni amenazas contra personas.

Desde su responsabilidad pública, Jéssica de León continúa comprometida con su labor en el ámbito del turismo y la vivienda, reafirmando su propósito de promover decisiones que busquen el equilibrio entre la actividad turística y los derechos de la ciudadanía, sin renunciar a la defensa del debate democrático y del respeto a las personas.

La consejera agradece todas las muestras de apoyo recibidas y confía en el adecuado desarrollo de la investigación policial, así como en la protección de los derechos fundamentales de cualquier persona que desempeñe funciones públicas.

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