Los socialistas denuncian que el presidente impuso un plazo “sin precedentes” que limita el derecho de la oposición a presentar enmiendas a los presupuestos
El PSOE de Lanzarote ha abandonado el Pleno del Cabildo de Lanzarote celebrado este jueves como gesto de rechazo institucional ante la decisión del presidente, Oswaldo Betancort, de impedir el ejercicio pleno del derecho de la oposición a presentar enmiendas a los presupuestos, mediante la imposición de un plazo exprés que el grupo socialista califica de sin precedentes en la historia de la institución.
La portavoz del Grupo Socialista, Ariagona González, denunció que esta decisión constituye “una muestra clara del talante antidemocrático de un presidente que utiliza el rodillo para limitar el trabajo legítimo de la oposición y evitar el debate democrático sobre los presupuestos”.
“Nunca antes en la historia del Cabildo de Lanzarote se había producido una situación como esta. Betancort ha impuesto un procedimiento que rompe con las garantías democráticas y con el respeto institucional que siempre ha caracterizado el funcionamiento de esta institución”, afirmó González.
La portavoz socialista explicó que la decisión de abandonar el Pleno responde a la obligación de defender la dignidad institucional y los derechos democráticos de los grupos políticos. “No podemos legitimar con nuestra presencia un procedimiento que vulnera el derecho de los grupos políticos a presentar enmiendas y a ejercer su labor con normalidad. Estamos defendiendo el respeto a la institución y a la ciudadanía que representamos”, señaló.
González advirtió además de que esta forma de actuar confirma, a su juicio, una deriva preocupante en el gobierno del Cabildo. “Estamos ante un presidente que gobierna desde la imposición y el rodillo, intentando silenciar a la oposición para evitar el debate. El Cabildo no es una propiedad privada, es una institución pública que debe garantizar la pluralidad, el diálogo y el control democrático”, subrayó.
Desde el PSOE de Lanzarote reiteraron que continuarán defendiendo el respeto a las reglas democráticas y que no permitirán que se normalicen prácticas que, a su juicio, deterioran el funcionamiento institucional y los derechos de representación de la ciudadanía de Lanzarote.
