El informe jurídico avala que no hubo perjuicio económico ni irregularidades graves en la gestión de las ayudas sociales
Un nuevo informe jurídico emitido por el secretario en funciones del Ayuntamiento de Arrecife, Jaime Abdul, confirma que el pago de subvenciones a colectivos vulnerables no supuso un menoscabo económico para las arcas municipales. Este documento avala la postura ya manifestada en mayo de 2025 y justifica la decisión del Pleno de retirar la demanda ante el Tribunal de Cuentas.
El informe y dictamen del Pleno, remitido este martes 17 de marzo en Madrid, sostiene dos puntos fundamentales para el archivo de la causa. Por un lado, el secretario ratifica que el máximo órgano municipal tiene competencia legal para desistir de acciones judiciales por “decisiones estratégicas y de interés público”. Por otro, el documento señala que “no concurren los elementos de responsabilidad contable”.
Por lo tanto, según la asesoría jurídica municipal, no hubo “negligencia grave ni dolo”, ya que los fondos se destinaron estrictamente a fines esenciales (alquileres, alimentación y gastos médicos), siempre bajo supervisión de los servicios sociales.
La postura oficial del Ayuntamiento de Arrecife es que “no existe apropiación indebida ni desviación de poder”, defendiendo que el dinero público cumplió una función social. De hecho, el consistorio concluye que el procedimiento carece de objeto, al haberse acreditado que el gasto, aunque administrativamente mejorable, no generó perjuicio económico a la institución.
Tras la retirada de la acusación por parte del Ayuntamiento, es ahora el tribunal madrileño el responsable de dictaminar si procede el archivo definitivo de las actuaciones o continuar el juicio de oficio.
