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Lanzarote bajo mínimos: La crisis de emergencias llega a la Fiscalía por sospechas de irregularidades y falta de medios

José Torres denuncia un deterioro “preocupante” en la asistencia extrahospitalaria y advierte que el servicio podría estar operando de forma irregular tras caducar sus contratos a finales de 2025

La situación de los Servicios de Emergencias Extrahospitalarios en Lanzarote ha sido llevada nuevamente a la esfera pública tras un comunicado firmado por José Torres, componente de la Comisión de Seguridad, Emergencias y Sanidad de la Plataforma de Municipios de Haría a nivel insular, en el que alerta de un “deterioro preocupante” del servicio y de posibles irregularidades en la contratación pública.

Según el documento, tras más de seis meses de denuncias reiteradas ante las autoridades competentes, las deficiencias detectadas no solo persisten, sino que han empeorado. Entre los principales problemas señalados figuran “deficiencias estructurales, falta de recursos, sobrecarga de trabajo y una gestión que no responde a las necesidades reales del servicio”, lo que, advierte, afecta directamente “a la calidad asistencial y a la seguridad de los profesionales”.

El comunicado pone el foco también en la vertiente administrativa, al confirmar que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por posibles irregularidades en la contratación pública. En concreto, se apunta a una presunta duplicación de contratos, lo que podría suponer un incumplimiento de la normativa vigente y de los principios de “legalidad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

En este sentido, Torres subraya la necesidad de una investigación “exhaustiva” que permita esclarecer los hechos y, en su caso, depurar responsabilidades. “La correcta gestión de los servicios públicos, especialmente aquellos tan esenciales como las emergencias sanitarias, debe garantizarse bajo los más altos estándares de legalidad y ética”, recoge el escrito.

Asimismo, el comunicado advierte de la situación del contrato actualmente en vigor, que, según se expone, podría encontrarse caducado desde diciembre de 2025, habiéndose agotado además las prórrogas previstas, lo que podría vulnerar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Exigen medidas urgentes

Ante este escenario, José Torres solicita una batería de actuaciones inmediatas, entre ellas la revisión urgente del estado del servicio, la adopción de medidas que garanticen una atención “digna, segura y eficaz”, así como la investigación de los hechos denunciados y la asunción de responsabilidades.

El comunicado concluye asegurando que se continuará actuando “por todas las vías legales necesarias” hasta lograr una solución efectiva, al tiempo que destaca el respaldo del equipo Primero Teguise, que también ha denunciado esta situación en distintas ocasiones.

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