La formación asegura que la baja ejecución y los requisitos de acceso dejaron fuera a familias con dificultades para pagar el alquiler
La organización Lanzarote En Pie (LEP) ha denunciado que el Ayuntamiento de Arrecife ejecutó únicamente el 3,83% del presupuesto destinado a Vivienda en 2025, según los datos de liquidación presupuestaria.
El área contaba con 1,1 millones de euros, pero solo se utilizaron 43.932 euros, quedando sin ejecutar la mayor parte de los fondos previstos para ayudas al alquiler y rehabilitación.
La portavoz de LEP, Leticia Padilla, afirmó que “no estamos ante un simple problema administrativo, sino ante una posible negligencia de gestión. El Ayuntamiento diseñó un sistema que impedía acceder a las ayudas y lo mantuvo todo un año mientras dejaba fuera a muchas familias”.
Uno de los datos más destacados, según la organización, es que de los 220.000 euros previstos para ayudas al alquiler, solo se destinaron 1.500 euros en todo 2025. En el apartado de rehabilitación, de más de 877.000 euros disponibles, se ejecutaron algo más de 42.000 euros.
Padilla subrayó que “que en un año entero solo se hayan concedido 1.500 euros en ayudas al alquiler es una muestra de la incapacidad del gobierno municipal para responder a la realidad social de Arrecife”, añadiendo que “no faltó dinero, faltó voluntad de resolver”.
Desde LEP también critican las condiciones de acceso a las ayudas, asegurando que las bases aprobadas en 2025 incluían limitaciones como alquileres máximos de 600 euros y umbrales de ingresos estrictos, lo que, según indican, dejó fuera a muchas familias.
A ello se sumaba un procedimiento administrativo lento, con plazos que podían prolongarse durante meses y requisitos documentales que, según la formación, no se adaptaban a una situación de emergencia habitacional.
La organización considera que la reciente modificación de las bases confirma que el sistema aplicado no funcionó adecuadamente y exige al grupo de gobierno que los cambios se traduzcan en ayudas reales, accesibles y con plazos de resolución razonables.
Finalmente, Padilla concluyó que “la vivienda no puede seguir tratándose como un anuncio ni como una promesa aplazada. Hablamos del derecho de la gente a seguir viviendo dignamente en su ciudad”.
