La formación asegura haber detectado equipos sin revisar y pide una actuación urgente del Ayuntamiento
El presidente y concejal de Primero Teguise (PTG), Jonás Álvarez, ha denunciado la existencia de extintores con fechas de revisión caducadas en distintas dependencias municipales, tras visitas realizadas a oficinas, centros socioculturales e instalaciones públicas del municipio.
La formación alerta de que esta situación podría suponer un incumplimiento de la normativa de seguridad y un riesgo para la ciudadanía.
Según explican desde PTG, el mantenimiento de los extintores es obligatorio conforme a la legislación vigente en materia de protección contra incendios, que establece revisiones periódicas, incluyendo una revisión anual por empresa autorizada y un retimbrado cada cinco años.
“Un extintor no está para cumplir expediente, está para funcionar cuando hace falta; y, si no sabemos si funciona, entonces tenemos un problema”, señala Jonás Álvarez.
Desde la formación insularista consideran que no se trata de un problema puntual, sino de un posible fallo en la cadena de control del sistema de seguridad, que incluiría desde la contratación del servicio de mantenimiento hasta la supervisión municipal.
En este sentido, plantean dudas sobre el funcionamiento de los mecanismos de control interno del Ayuntamiento. “Cuando fallan cosas tan básicas, uno se pregunta si el problema es puntual o estructural”, añade Álvarez.
PTG advierte de que un extintor caducado puede generar una falsa sensación de seguridad en caso de emergencia.
La formación también cuestiona cómo esta situación no ha sido detectada previamente en inspecciones o en el desarrollo habitual de la actividad municipal, especialmente en eventos o proyectos que requieren planes de seguridad.
“Lo preocupante no es solo encontrar un extintor caducado, lo preocupante es pensar que nadie lo ha visto antes o, peor aún, que alguien lo ha visto y no ha hecho nada”, afirma el concejal.
Desde Primero Teguise solicitan una actuación inmediata por parte del Ayuntamiento, que incluya la retirada de los equipos caducados y su sustitución por otros en correcto estado, así como una aclaración pública sobre el estado del contrato de mantenimiento de estos sistemas.
Asimismo, piden depurar responsabilidades en caso de que se confirme un fallo en la cadena de control.
“La seguridad no puede depender de la casualidad ni de que alguien externo detecte deficiencias”, concluye Álvarez.
