La Asamblea del Consorcio aprueba la intervención del servicio y retoma la rescisión del contrato con Canal Gestión ante graves deficiencias
La crisis del agua en Lanzarote ha dado un paso decisivo tras la celebración de la Asamblea del Consorcio, en la que se ha acordado retomar el proceso de rescisión del contrato con la concesionaria y activar la intervención del servicio como medida cautelar, una decisión que marca un punto de inflexión en la gestión del ciclo integral del agua en la isla.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, explicó que la Asamblea ha servido para reactivar un expediente iniciado en abril de 2025 y que había quedado suspendido temporalmente para analizar posibles alternativas. Ahora, tras cumplirse los plazos establecidos, se retoma el procedimiento con el respaldo de informes técnicos y jurídicos. “Los informes son aplastantes e incuestionables”, afirmó, justificando una decisión que considera obligada ante los incumplimientos detectados.
Betancort detalló que, además de continuar con la rescisión, se ha aprobado el inicio del “secuestro” del servicio, lo que permitirá al Consorcio asumir la dirección del ciclo integral del agua mientras se resuelve el proceso administrativo. Esta medida busca garantizar la desalación, distribución y saneamiento ante una situación que calificó de “desastre”, recordando que el sistema arrastra graves problemas desde hace años, con pérdidas en la red y deficiencias estructurales.
El presidente subrayó que la prioridad es dar respuesta a la ciudadanía y no a intereses políticos, advirtiendo incluso de las posibles consecuencias personales de la decisión. “Si esto me cuesta la presidencia, me iré con la cabeza alta”, señaló, insistiendo en que la mayor presión es la que ejercen los vecinos afectados por los cortes de agua y la falta de suministro.
En esta misma línea, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, defendió el respaldo de varios ayuntamientos a las decisiones adoptadas, aunque denunció la falta de información durante todo el proceso. “Nos estamos enterando por la prensa de lo que se va a decidir”, criticó, reclamando mayor transparencia y la creación de una comisión de seguimiento que permita a los municipios conocer la situación real del servicio.
Noda justificó el voto favorable señalando que la prioridad es actuar ante un problema que afecta directamente a la población. “Representamos a vecinos que están sufriendo cortes de agua cada vez peor”, afirmó, alertando además de que la situación podría derivar en conflictos judiciales y reclamaciones económicas.
El alcalde también cuestionó los cambios de criterio en la gestión del agua en los últimos años, recordando anuncios de inversiones millonarias que no se han concretado y señalando que aún no se ha definido el modelo futuro de gestión, ya sea público, mixto o privado.
Por su parte, el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, insistió en la necesidad de coordinación institucional y en la obligación de priorizar el interés general frente a cualquier estrategia política. “Aquí no estamos haciendo política, estamos intentando buscar soluciones”, afirmó, destacando que los ayuntamientos representan a miles de vecinos afectados.
Pérez subrayó que el objetivo es garantizar un servicio eficiente y transparente, reclamando acceso a la información y una mayor implicación del Cabildo en la comunicación con los municipios. Asimismo, defendió que el agua debe gestionarse pensando en la igualdad de todos los ciudadanos de la isla.
La decisión adoptada abre ahora un nuevo escenario en la gestión del agua en Lanzarote. La concesionaria dispone de un plazo para presentar alegaciones, mientras el Consorcio avanza en la intervención del servicio con el objetivo de corregir las deficiencias y garantizar el suministro, en un proceso que podría prolongarse durante meses y cuyo resultado final aún está por definir.
