El bloque canarista anunció iniciativas institucionales para solicitar la modificación del decreto estatal de regularización tras la exclusión de personas saharauis en situación de apatridia
El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Luis Campos, ha calificado como “inadmisible” la exclusión de la población saharaui solicitante del estatuto de apátrida del proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Campos ha anunciado la presentación de iniciativas institucionales para forzar la “rectificación” del Ejecutivo estatal, al que ha recordado la responsabilidad histórica de España con el Sáhara Occidental.
Desde la formación, se ha defendido el proceso de regularización de la población migrante residente en el Estado, especialmente en Canarias, al considerarlo una oportunidad para consolidar la situación de miles de personas. En este sentido, el dirigente ha señalado que “muchas de ellas se han visto obligadas a trabajar al margen del marco normativo, lo que ha mermado sus derechos”.
Asimismo, ha indicado que este proceso también beneficia al conjunto de la sociedad al facilitar la incorporación de estas personas al mercado laboral y su contribución al sostenimiento de servicios públicos.
Campos ha mostrado su “sorpresa mayúscula” al comprobar que el decreto deja fuera a las personas en situación de apatridia, colectivo en el que, según datos del Ministerio del Interior, más del 95% corresponde a población saharaui, con alrededor de 3.000 solicitudes en 2025.
El dirigente ha señalado que esta exclusión afecta a un colectivo con vinculación histórica con España y cuya situación deriva de la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, recordando además las dificultades administrativas existentes para el acceso de la población saharaui a la nacionalidad española.
En este contexto, Campos ha rechazado los argumentos del Ejecutivo estatal, que aluden a la existencia de un procedimiento específico para personas apátridas, señalando que “la regularización extraordinaria busca precisamente dar respuesta a situaciones sin alternativa, y no es cierto que este colectivo disponga de una vía efectiva”, debido a la prolongación de estos procedimientos durante años.
Además, ha cuestionado que esta decisión se produzca en un contexto político marcado por el cambio de posición del Gobierno de España respecto al Sáhara Occidental.
El secretario general de NC-BC ha exigido la modificación del decreto para incluir a la población saharaui apátrida y ha anunciado que impulsará iniciativas institucionales para defender “el derecho de un pueblo hermano que lleva décadas privado de su territorio y de su Estado”.
Finalmente, ha subrayado que “ese sufrimiento no puede verse agravado ahora por una exclusión injusta en un proceso que debería servir precisamente para reparar situaciones de vulnerabilidad”.
