La normativa busca reforzar la democracia participativa y abrir nuevos espacios de implicación ciudadana en la toma de decisiones públicas
El Cabildo de Lanzarote ha aprobado inicialmente el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, un documento que busca fortalecer la democracia local y promover una mayor implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos que afectan a Lanzarote y La Graciosa.
La actualización normativa llega 17 años después de la última aprobación del reglamento, con el objetivo de adaptar los mecanismos de participación a las nuevas realidades sociales y a las demandas actuales de la población.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha destacado que esta iniciativa supone “una oportunidad para seguir avanzando hacia una administración más cercana, transparente y participativa”, capaz de responder a las necesidades reales de los vecinos y vecinas.
Una administración más cercana y abierta
Betancort subrayó que el reglamento nace de la escucha activa y del compromiso ciudadano, definiéndolo como “un reflejo de la voluntad colectiva de seguir construyendo una isla más participativa, más democrática y más comunitaria”.
El presidente insular señaló además que la nueva normativa permitirá fomentar la transparencia, fortalecer la democracia participativa y garantizar el derecho de la ciudadanía a influir en las políticas públicas y en las decisiones que afectan directamente a su vida diaria.
Impulso al tejido asociativo y a la cooperación ciudadana
Por su parte, el consejero de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, Armando Santana, defendió la importancia de asociarse, cooperar y actuar de forma conjunta para fortalecer la convivencia y construir comunidades más justas y cohesionadas en Lanzarote y La Graciosa.
Santana recordó que desde su área ya se han aprobado las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones destinadas a asociaciones que desarrollan proyectos, programas o actividades de participación ciudadana.
Según explicó, el objetivo es fomentar una población activa e implicada en el diseño y ejecución de los asuntos públicos, avanzando hacia una sociedad que no solo opine, sino que también participe en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones.
El nuevo Reglamento de Participación Ciudadana permitirá reforzar el papel de la ciudadanía dentro de la estructura administrativa, garantizando que los procesos participativos puedan traducirse en decisiones concretas, compartidas y eficaces.
