La empresa asegura que no se responsabilizará de las averías o incidencias que puedan producirse tras la intervención del Consorcio Insular, efectiva desde el pasado 3 de junio
Nuevo capítulo en el ciclo integral del agua de Lanzarote. Canal Gestión Lanzarote ha rechazado frontalmente el «secuestro» del servicio integral del agua por parte del Consorcio Insular, una intervención que se hizo efectiva el pasado 3 de junio.
La filial madrileña del Canal de Isabel II ha roto su silencio para lanzar una advertencia directa a las autoridades y a la ciudadanía: no se hace responsable de las averías o incidencias que puedan surgir a partir de este momento.
La empresa califica la actuación del Consorcio como «precipitada, desproporcionada y contraria a la seguridad jurídica». Según sostiene, apenas pasaron 24 horas entre la decisión del pleno y la toma de control real, un plazo que considera insuficiente para preparar una transición ordenada del servicio.
Canal Gestión afirma que esa extrema urgencia le ha impedido realizar inventarios, comprobaciones del estado de instalaciones críticas y verificaciones sobre sistemas informáticos, bases de datos, documentación económica y contratos esenciales. La compañía advierte de que la titularidad y situación de parte de estos elementos habría quedado, según denuncia, sin una delimitación clara.
La empresa ha decidido pasar al contraataque y ha advertido de que se encuentra en plazo para recurrir la ruptura del contrato. Además, anuncia que desplegará todas las vías legales a su alcance, con un primer objetivo: solicitar medidas cautelares en los juzgados para intentar paralizar el “secuestro” del servicio.
Mientras tanto, en el día a día, la compañía aclara que la entrega de llaves, instalaciones y documentos se está realizando «bajo expresa protesta y con reserva de derechos». Es decir, Canal Gestión entrega los bienes, pero insiste en que ello no implica aceptar la legalidad de la intervención ni reconocer incumplimiento alguno del contrato, vigente desde 2013.
En definitiva, Canal Gestión exige que no se mueva documentación ni se intervenga ninguna instalación sin la presencia de sus representantes, dejando abierta la puerta a una larga y compleja batalla judicial en torno a un servicio esencial para Lanzarote y La Graciosa.
