El diputado socialista alerta en el Parlamento del aumento de las infracciones urbanísticas, con 1.419 expedientes en 2025, y reclama agilizar la reforma de la Ley del Suelo en Canarias
El parlamentario por Lanzarote y La Graciosa, Marcos Bergaz, del PSOE, intervino este martes en el pleno del Parlamento de Canarias para expresar su preocupación por el incremento de la ilegalidad urbanística en el Archipiélago y sus efectos sobre la igualdad, el territorio y la capacidad de restablecer la legalidad.
Durante su intervención, advirtió de la “doble desigualdad” que generan las construcciones ilegales: entre quienes cumplen la normativa y quienes no, y entre los propios infractores en función de sus recursos para afrontar los procedimientos.
Bergaz puso como ejemplo el esqueleto urbanístico de la parcela 216 de Costa Teguise, una estructura declarada ilegal por los tribunales en 2010 y que sigue formando parte del paisaje urbano más de dos décadas después.
“De las muchas consecuencias negativas que genera la indisciplina urbanística, la más grave es la doble desigualdad que produce”, señaló el diputado socialista durante su intervención.
Bergaz ejemplificó esta situación con el caso de Costa Teguise, en Lanzarote.
“Lo sabemos bien en mi isla, donde en una localidad con más de 9.000 vecinos y unas 12.000 plazas turísticas se sufre desde hace dos décadas la presencia de varios esqueletos urbanísticos que afean este núcleo, suponen un agravio respecto al empresariado y ciudadanos que cumplieron las normas y que además restan competitividad al destino”, afirmó.
El caso de la parcela 216 de Costa Teguise
El parlamentario recordó que uno de estos esqueletos urbanísticos, el correspondiente a la parcela 216 de Costa Teguise, tiene su origen en una actuación declarada ilegal por los tribunales en 2010.
Según explicó, el caso se produjo al proyectarse la construcción de un establecimiento hotelero en una parcela destinada a uso extrahotelero.
A juicio de Bergaz, que más de veinte años después esta estructura siga formando parte del paisaje urbano evidencia las dificultades existentes para restaurar la legalidad urbanística una vez consumadas determinadas actuaciones.
El diputado socialista subrayó además el impacto de las infracciones en suelo rústico, al que definió como un recurso estratégico por su valor ambiental y paisajístico.
Según datos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, en 2025 se abrieron 1.419 expedientes en materia de indisciplina urbanística en suelo rústico, frente a los 1.394 expedientes registrados en 2024.
Bergaz advirtió de que estas cifras se sitúan en niveles similares a los de hace dos décadas.
El diputado socialista preguntó al consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, de Coalición Canaria, por las medidas previstas para atajar esta situación.
En su respuesta, Miranda reconoció la preocupación existente en territorios como Lanzarote y el conjunto de Canarias, poniendo como ejemplo el propio caso del esqueleto de la parcela 216, al que se refirió como “mamotreto”.
El consejero explicó que el Gobierno trabaja en tres líneas de actuación: la modificación de la Ley del Suelo, que ampliará de cuatro a ocho años el plazo para iniciar expedientes y endurecerá el régimen sancionador; el refuerzo de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, con más inspección, coordinación y medios tecnológicos; y el apoyo a los ayuntamientos mediante una oficina virtual de reto demográfico para facilitar la tramitación de expedientes.
En su réplica, Marcos Bergaz pidió acelerar esta reforma legal, advirtiendo de que la legislatura entra en su tramo final.
El diputado socialista alertó de que las medidas anunciadas podrían no llegar a tiempo si no se agiliza la tramitación de la modificación de una ley que ya fue polémica en 2017, cuando fue aprobada.
