Los afectados denuncian que, pese a la aprobación del traspaso estatal por ley en 2022 y la inscripción de las casas a nombre del Cabildo, la regularización final de las escrituras sigue pendiente
Las 70 familias residentes en las viviendas históricas del barrio de Valterra han exigido al Cabildo de Lanzarote que ponga fin al que consideran un “bloqueo burocrático” y proceda a formalizar la entrega de la titularidad de sus hogares.
Los afectados denuncian que, a pesar de que el traspaso estatal fue aprobado por ley en 2022 y de que las casas ya figuran inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del Cabildo de Lanzarote, la regularización final de las escrituras continúa demorándose.
Las familias lamentan que el Área de Vivienda haya recurrido ahora a un nuevo informe jurídico externo, prolongando, según sostienen, una angustia que dura ya décadas.
Una reivindicación histórica en Valterra
Los moradores, familias de origen humilde vinculadas históricamente al sector pesquero local, aseguran que se encuentran atrapados en un bucle administrativo que perpetúa una situación de inseguridad jurídica.
El origen del conflicto se remonta a las viviendas construidas en 1955 por el Instituto Social de la Marina, ISM.
Tras décadas de reivindicación vecinal, la Ley 10/2022, de 14 de junio, autorizó la donación estatal de estos inmuebles al Cabildo insular con el propósito de que este los transmitiera definitivamente a sus legítimos moradores.
Sin embargo, según denuncian los afectados, aunque la Corporación insular ya completó la inscripción de las casas a su nombre en el Registro de la Propiedad, los títulos individuales siguen sin llegar a manos de los vecinos.
Críticas a un nuevo informe jurídico externo
El malestar vecinal se ha agravado tras conocer que el Área de Vivienda del Cabildo ha contratado recientemente un dictamen jurídico externo para volver a estudiar los términos de la transmisión y determinar si los vecinos deben abonar alguna cantidad.
Para los portavoces de los afectados, este movimiento supone una maniobra dilatoria innecesaria.
“Es incomprensible que se siga auditando lo que ya fue ratificado por ley y por el propio pleno de la institución. No somos nuevos adjudicatarios; somos los moradores históricos y legítimos que han abonado la totalidad del precio de las viviendas y que llevamos esperando este reconocimiento toda la vida”, afirman.
Los retrasos acumulados han llevado a los vecinos a sufragar asesoramiento jurídico privado para defender sus derechos e intentar romper lo que califican como un muro de silencio institucional.
Exigencias de las familias afectadas
Las familias reclaman transparencia absoluta sobre los resultados del último informe jurídico externo encargado por el Cabildo, así como una garantía de gratuidad en la transmisión de las viviendas, tal y como aseguran que dictaba el espíritu del acuerdo original con el Instituto Social de la Marina.
También solicitan la eliminación de trabas administrativas, atención directa a las necesidades de mantenimiento de unas viviendas que acumulan décadas de antigüedad y la fijación de un calendario vinculante para la firma final de las escrituras de propiedad a favor de cada morador histórico.
Los vecinos recuerdan que detrás de los expedientes hay realidades humanas, personas mayores y familias vulnerables que viven bajo el temor constante de no ver resuelta la situación patrimonial de sus vidas.
Posibles movilizaciones y acciones legales
Los afectados advierten de que, si no reciben respuestas claras de manera inmediata por parte del presidente insular y su grupo de gobierno, intensificarán las medidas de protesta social y las acciones legales pertinentes.
“Si el grupo de gobierno del Cabildo agrede de esta manera el derecho de propiedad de los vecinos más humildes de Lanzarote, los que con su esfuerzo levantaron la industria pesquera de la isla, serán los vecinos los que se alcen contra el grupo de gobierno del Cabildo Insular”, concluyen.
