La expresidenta del Cabildo de Lanzarote acudió inicialmente como testigo y deberá volver a comparecer ante el Ministerio Fiscal acompañada de abogado
La Fiscalía de Lanzarote contra Delitos en la Administración Pública ha abierto una investigación para determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con un decreto firmado durante la etapa de María Dolores Corujo al frente del Cabildo de Lanzarote.
La investigación dio un giro durante las comparecencias celebradas este jueves. Según explicó el director insular de Presidencia y Asesoría Jurídica del Cabildo, David Monte, Corujo acudió inicialmente en calidad de testigo y sin asistencia letrada.
Tras prestar declaración y aportar nueva documentación, la Fiscalía decidió volver a citarla para una nueva comparecencia acompañada de abogado.
El origen del procedimiento se encuentra en una denuncia presentada por David Monte sobre un decreto de Presidencia que, a su juicio, podría presentar irregularidades.
El letrado sostiene que la resolución se dictó sin las competencias necesarias y que habría tenido como finalidad mantener determinadas condiciones económicas de Juan Manuel Sosa.
Entre las presuntas irregularidades señaladas en la denuncia figura la aplicación de ventajas económicas con carácter retroactivo, la aprobación del decreto pese a la existencia de un informe de reparo emitido por la Intervención y el supuesto cobro por parte de Sosa de retribuciones como médico sin cumplir los requisitos legales tras abandonar la portavocía de Coalición Canaria.
Asimismo, la denuncia sostiene que Sosa percibió dietas por asistencia a plenos y comisiones al mismo tiempo que mantenía la condición de consejero liberado del grupo de gobierno, una situación que, según los denunciantes, resultaría incompatible.
La Fiscalía deberá tomar declaración tanto a María Dolores Corujo como a Juan Manuel Sosa, quienes comparecerán asistidos por sus respectivos abogados.
Una vez analizada la documentación y las declaraciones practicadas, el Ministerio Fiscal decidirá si aprecia indicios suficientes para presentar una denuncia ante el juzgado competente y solicitar la apertura de diligencias judiciales o si, por el contrario, procede el archivo de las actuaciones.
Por su parte, la secretaria general del PSOE de Lanzarote ha rechazado lo que considera un uso político de la Fiscalía mediante “denuncias falsas”.
Corujo también ha mostrado su indignación por las informaciones que la presentan como imputada o investigada.
La expresidenta sostiene que actualmente no tiene ninguna de esas condiciones procesales y ha asegurado que acudirá voluntariamente a cualquier citación de la Fiscalía acompañada de un letrado para ejercer su derecho de defensa frente a unas acusaciones que califica de “falsas y carentes de fundamento”.
