Transportes advierte de las graves sanciones económicas para los conductores que ofrecen servicios ilegales y alerta a residentes y turistas de los riesgos de seguridad
El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa tramita una sanción de más de 4.000 euros contra el vehículo detenido recientemente en Arrecife por presunto transporte ilegal de pasajeros.
La Institución insular ha informado de que el área de Transportes mantiene varios expedientes abiertos y advierte de las importantes sanciones económicas para quienes ofrecen servicios de transporte sin autorización.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha expresado su firme compromiso para erradicar las prácticas ilícitas en el transporte insular.
“No vamos a permitir que el intrusismo ponga en riesgo la seguridad de nuestros residentes y turistas, ni que se dañe el sustento de las familias que cumplen estrictamente con la legalidad”, afirmó.
Betancort aseguró además que la máxima institución insular actuará con contundencia y de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para sacar de las carreteras a quienes operan al margen de la ley.
El Cabildo está reforzando el control sobre determinados vehículos que operan de forma ilegal en la isla.
Estas actuaciones se centran especialmente en conductores no autorizados y en los denominados “taxis pirata”.
Según la Institución, estos vehículos recogen pasajeros en la vía pública o conciertan servicios de transporte de forma ilícita a través de aplicaciones móviles no oficiales y sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp.
El Cabildo hace un llamamiento directo a residentes y turistas para que no utilicen estos servicios ilegales y recurran siempre a medios de transporte autorizados.
El consejero de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, advirtió del peligro que asumen los usuarios al subirse a este tipo de vehículos.
“Estos vehículos carecen de cualquier aval técnico o de seguridad, no garantizan el estado del coche, ni pasan las inspecciones específicas para el transporte de personas”, señaló.
Jiménez añadió que tampoco existe validación sobre la capacitación de los conductores y que los usuarios quedan expuestos a posibles fraudes en el cobro.
El consejero recordó además que este tipo de servicios no ofrecen las coberturas de seguros obligatorias para pasajeros que sí garantiza el transporte oficial.
La reciente intercepción en Arrecife de un conductor reincidente que trasladaba a un exceso de pasajeros en un coche particular constituye, según el Cabildo, la primera acción de un marco reforzado de colaboración entre la Inspección de Transportes del Cabildo y la Policía Local de Arrecife.
Jiménez felicitó a los agentes por su labor y destacó que este operativo conjunto marca el inicio de una línea de trabajo coordinada.
“Vamos a reforzar y multiplicar de forma progresiva las inspecciones para detectar y apartar de las carreteras a cualquier vehículo que ofrezca servicios como medio de transporte sin la autorización reglamentaria”, afirmó.
Desde el Servicio de Inspección del Cabildo se recuerda que, de acuerdo con la normativa canaria de transportes, este tipo de actuaciones por intrusismo se sancionan con multas de entre 4.001 y 6.000 euros.
Además, estas infracciones pueden conllevar la inmovilización inmediata del vehículo.
El Cabildo precisa que estas sanciones se tramitan de forma independiente a posibles reclamaciones por responsabilidad civil subsidiaria o penal que pudieran derivarse en caso de accidente de tráfico.
La Institución insular insiste también en denunciar la competencia desleal que este transporte clandestino ejerce sobre el sector del taxi regulado.
El Cabildo sostiene que esta actividad ilícita perjudica a la economía local y supone un agravio para los profesionales que cumplen con sus obligaciones fiscales, seguros específicos, revisiones técnicas y licencias exigidas por ley.
