Los socialistas quieren comparar la plantilla prevista en el contrato con la realmente prestada y reclamar, en su caso, las cantidades abonadas por servicios no ejecutados
El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote llevará al próximo Pleno una moción para reclamar la apertura de un expediente sancionador a Amavir por posibles incumplimientos de las ratios de personal en las residencias de mayores de Tías y Haría y exigir que se determine si la administración abonó costes correspondientes a una dotación de trabajadores que finalmente no llegó a prestarse.
La portavoz socialista, Ariagona González, reclama además que el Gobierno insular explique las razones por las que, según sostiene su formación, un expediente informativo abierto anteriormente terminó archivado sin sanción, pese a la existencia de informes internos que recogerían diferentes deficiencias en la prestación del servicio.
La situación de ambas residencias lleva meses generando debate político e institucional. En marzo, el propio director de Comunicación de Amavir reconoció públicamente que la empresa atravesaba “una situación muy problemática por la falta de personal” desde el verano de 2025, aunque aseguró que se habían tomado medidas para reforzar las plantillas y rechazó que pudiera hablarse de una desatención generalizada de los residentes.
Las carencias de personal provocaron además distintas solicitudes de documentación en el Parlamento de Canarias. Entre ellas figuran peticiones dirigidas al Cabildo para conocer las ratios de gerocultores, las inspecciones realizadas, las titulaciones del personal, el número de contratos y los cómputos horarios correspondientes a los centros de Tías y Haría.
El PSOE habla de doce actas con déficits de personal
Según recoge la moción socialista, doce actas de supervisión elaboradas entre febrero y mayo de 2026 en la residencia de Tías reflejarían reiteradamente una dotación de gerocultores inferior a la prevista. En uno de esos documentos, siempre según el PSOE, habrían llegado a constar entre dos y seis profesionales para atender a 124 residentes cuando debían encontrarse nueve por turno.
La formación añade que esos informes recogerían también ausencia de médico durante aproximadamente un año y diferentes incidencias asistenciales relacionadas con úlceras por presión, infecciones urinarias, caídas y errores de medicación. Al tratarse de información incluida en la moción socialista, estos extremos deberán ser contrastados con los expedientes completos y las conclusiones administrativas correspondientes.
En el caso de Haría, el PSOE sostiene que otra acta de supervisión documentaría déficits en varios turnos, con dos trabajadores de atención directa durante la noche, ausencia de médico y un episodio de convulsiones relacionado con un supuesto error de medicación.
González considera que estas circunstancias, de confirmarse, requieren una actuación formal de la Corporación. “La falta de personal compromete esa atención y sobrecarga a las plantillas. El Cabildo tiene la obligación de hacer cumplir las condiciones del servicio”, afirma.
Reclaman calcular cuánto personal se pagó y no se prestó
La segunda parte de la moción se centra en el posible impacto económico. El PSOE pide que los servicios técnicos del Cabildo comparen el coste del personal comprometido en la oferta de la concesionaria con el realmente ejecutado en cada residencia y determinen si existen cantidades que deban ser reintegradas.
Para realizar esa comprobación, los socialistas proponen requerir documentación económica, registros retributivos de los últimos cinco ejercicios y datos sobre la plantilla media desglosada por categorías profesionales.
El grupo sostiene además que los pliegos tipificarían como incumplimiento muy grave determinadas obligaciones relacionadas con la contratación de personal y calcula que, tomando como referencia la facturación de 2025, una eventual sanción de entre el 10 % y el 15 % podría situarse entre 294.118 y 441.177 euros. Esta horquilla procede de los cálculos contenidos en la iniciativa socialista y deberá, en su caso, determinarse dentro del correspondiente procedimiento administrativo.
La relación contractual entre el Cabildo y la gestión de centros de mayores incluye obligaciones específicas sobre prestación del servicio y dotaciones comprometidas, cuya fiscalización corresponde a la Corporación insular. El centro de Tías funciona mediante una concesión administrativa de larga duración formalizada con arreglo a sus correspondientes pliegos.
El PSOE plantea incluso revisar la continuidad de la concesión
La moción pide finalmente que, si tras un expediente formal y un requerimiento de subsanación persistieran incumplimientos contractuales, el Cabildo estudie las consecuencias previstas en el contrato, incluida la eventual resolución de la concesión si concurriesen los requisitos legales.
El PSOE insiste en que no corresponde anticipar esa decisión sin procedimiento previo, pero reclama que el Gobierno de Oswaldo Betancort utilice todos los mecanismos de control disponibles y explique por qué, según la formación, las actuaciones anteriores no derivaron en responsabilidades.
La polémica sobre la gestión de estos centros se intensificó en marzo, cuando el Cabildo mantuvo una reunión con Amavir para abordar deficiencias detectadas y anunció que continuaría fiscalizando el contrato.
