El sindicato distingue entre las posibles responsabilidades legales, que deberá determinar la autoridad competente, y las responsabilidades políticas que reclama al Gobierno de Canarias
El sindicato STEC-Intersindical Canaria ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que investigue las condiciones existentes en los centros educativos de Canarias durante los episodios de altas temperaturas y determine si la Administración está cumpliendo sus obligaciones en materia de prevención y seguridad laboral.
La organización asegura haber recopilado y analizado diferentes incidencias trasladadas por los propios centros y considera que las condiciones existentes en determinadas infraestructuras educativas pueden comprometer la seguridad y la salud de profesorado y alumnado.
El sindicato acompaña esta actuación de una petición política: la dimisión del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y del director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván González Carro.
La Inspección determinará si existen responsabilidades
El STEC-IC diferencia expresamente entre la actuación administrativa y sus reclamaciones políticas.
Será ahora la Inspección de Trabajo la que deberá estudiar la denuncia y determinar si se han incumplido obligaciones preventivas o si existe algún tipo de responsabilidad legal.
El propio sindicato reconoce que esa valoración corresponde a la autoridad competente y no da por establecida ninguna infracción.
Lo que sí sostiene la organización es que considera agotado el margen político de los actuales responsables de Educación.
Más allá de las altas temperaturas
Aunque la denuncia ante Inspección de Trabajo se centra en la gestión de los episodios de calor, el sindicato enmarca su protesta en una crítica más amplia sobre el estado de las infraestructuras educativas.
STEC-IC asegura que lleva años denunciando situaciones como goteras, humedades, aulas inutilizadas, instalaciones eléctricas obsoletas, paredes agrietadas, presencia de amianto, barracones, sistemas contra incendios deficientes y falta de espacios de sombra.
La organización señala también problemas específicos en centros de educación especial y sostiene que las incidencias no pueden considerarse casos aislados. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia pública formulada por el sindicato y deberán diferenciarse de las conclusiones que eventualmente pueda alcanzar la Inspección de Trabajo.
Críticas a la respuesta ante el calor
El sindicato cuestiona igualmente que las respuestas frente a episodios de altas temperaturas se limiten a reducir la actividad presencial o suspender clases, además de sostener que esas medidas pueden ser necesarias como actuación excepcional, pero reclama soluciones estructurales para adaptar las instalaciones a temperaturas elevadas.
La organización recuerda que la exposición prolongada al calor puede provocar problemas como mareos, deshidratación o golpes de calor y considera que la planificación preventiva debe producirse antes de que sea necesario cerrar o limitar la actividad de los centros.
Exige la dimisión de Poli Suárez e Iván González Carro
El sindicato eleva además el conflicto al ámbito político reclamando la salida inmediata de Iván González Carro, responsable de Infraestructuras y Equipamientos, y extiende la petición al consejero Poli Suárez, ambos del Gobierno de Canarias. La organización sostiene que no formula esta exigencia por un episodio concreto de calor, sino por la acumulación de problemas que asegura haber denunciado durante los últimos años.
Se trata de una valoración política del sindicato y no de una conclusión derivada de la denuncia ante Inspección de Trabajo.
El siguiente paso será conocer si la Inspección abre actuaciones y qué conclusiones extrae sobre las condiciones laborales y preventivas denunciadas en los centros educativos públicos de Canarias.
