El documento plantea declarar anulable el procedimiento, retrotraerlo y convalidar las actuaciones del tribunal que estén correctamente documentadas
El informe jurídico solicitado por la Presidencia del Cabildo de Lanzarote sobre el proceso selectivo de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) en el que el hijo del consejero delegado, Ángel Vázquez, resultó contratado, concluye que Vázquez debió abstenerse desde el momento en que su hijo apareció en el listado provisional de aspirantes admitidos. A raíz de estas conclusiones, el presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, ha instado al Partido Popular a adoptar las medidas que considere oportunas respecto a su representante al frente de los CACT.
El informe ha sido elaborado por la secretaria del Consejo de Administración de la entidad pública después de que la Presidencia reclamara la documentación completa del procedimiento para someterla a análisis jurídico.
El informe sitúa la obligación de abstenerse en julio de 2025
Según reproduce el Cabildo, el documento sostiene que Ángel Vázquez debía haberse apartado del procedimiento desde el 14 de julio de 2025, fecha de publicación del listado provisional de admitidos en el que figuraba su hijo. El informe considera que existía una causa de abstención por parentesco directo conforme al artículo 23 de la Ley 40/2015.
Asimismo, señala que el consejero delegado debía haber comunicado al presidente de la entidad que se encontraba afectado por esa causa de abstención.
La conclusión supone un cambio relevante respecto a la posición defendida hasta ahora por Vázquez, quien había sostenido públicamente que su participación se limitó a actuaciones formales y que las competencias de Recursos Humanos y Contratación habían sido delegadas para garantizar la imparcialidad del proceso.
Anulabilidad, no nulidad automática
El informe no plantea que todo el procedimiento deba quedar automáticamente sin efecto. Como posible solución jurídica propone declarar anulable el proceso selectivo y retrotraerlo al momento en que Vázquez debió abstenerse.
A partir de ahí, podrían convalidarse los actos y actuaciones realizados por el tribunal de selección siempre que estén correctamente documentados mediante actas u otros soportes. El propio documento diferencia esta fórmula de la nulidad de pleno derecho, reservada para supuestos jurídicos más tasados.
Los trabajadores seleccionados no perderían automáticamente sus puestos
Otro de los aspectos relevantes del informe afecta a los restantes aspirantes que superaron el procedimiento. La propuesta jurídica busca evitar perjuicios a terceros de buena fe que ya mantienen una relación laboral con los CACT y se encuentran dados de alta en la Seguridad Social.
Una vez convalidadas las pruebas que proceda mantener, el expediente debería retrotraerse hasta el momento en que el tribunal propone la relación de aspirantes que superaron el proceso y con los que podían formalizarse los contratos. El informe añade que Ángel Vázquez deberá abstenerse de firmar cualquier documento relacionado o conectado con este procedimiento.
Betancort pone ahora la decisión política en manos del PP
Tras conocer las conclusiones jurídicas, Oswaldo Betancort considera que corresponde al Partido Popular, socio de gobierno de Coalición Canaria en la Primera Corporación insular y varios ayuntamientos de la isla, valorar las consecuencias políticas. Además, el presidente reclama a su socio que adopte las medidas que considere adecuadas bajo criterios de “ejemplaridad y responsabilidad política”.
La petición supone un paso más respecto a la posición mantenida por el presidente cuando trascendió inicialmente la controversia. En aquel momento, Betancort optó por solicitar el expediente completo y esperar a disponer de un análisis jurídico antes de pronunciarse sobre posibles consecuencias.
El informe no equivale a una resolución judicial
Las conclusiones conocidas proceden de un informe jurídico interno solicitado por la Presidencia del Cabildo y no de una sentencia judicial. El documento analiza la regularidad administrativa del procedimiento y plantea una vía para corregir la causa de abstención apreciada sin perjudicar los derechos de los demás participantes.
Será ahora necesario determinar qué decisiones administrativas se adoptan para ejecutar sus conclusiones y qué medidas políticas toma el Partido Popular respecto al consejero delegado de los CACT.
