El tribunal rechaza la medida cautelar solicitada por Canal de Isabel II, aunque la resolución no entra todavía en el fondo del litigio
El Consorcio del Agua de Lanzarote ha obtenido una nueva resolución favorable en el conflicto judicial abierto con Canal de Isabel II tras la resolución del contrato de concesión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de Lanzarote y La Graciosa. El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la medida cautelar con la que la empresa pretendía suspender la incautación de ocho millones de euros en garantías acordada por la Asamblea General del Consorcio el pasado 1 de junio.
La decisión permite que el Consorcio continúe con la ejecución de esa incautación mientras se tramitan los recursos planteados por Canal de Isabel II contra los acuerdos adoptados tras la finalización de la concesión. No obstante, el propio auto deja claro que se trata únicamente de una resolución cautelar y que no prejuzga el fondo del procedimiento, que deberá resolverse más adelante.
Ocho millones en garantías
Las cantidades afectadas se corresponden con seis millones de euros de garantía definitiva y dos millones de garantía complementaria. Canal de Isabel II había solicitado que su ejecución quedara suspendida hasta que los tribunales resolvieran los recursos principales, pero la magistrada ha rechazado esa petición.
Entre los argumentos recogidos en el auto figura que la solvencia económica de la Administración permitiría responder en caso de que posteriormente se dictara una sentencia favorable a la empresa recurrente. La resolución también señala que no se ofreció caución y que los argumentos de nulidad planteados por Canal de Isabel II no pueden resolverse dentro de un incidente cautelar.
El tribunal tampoco aprecia que concurran las circunstancias excepcionales necesarias para acordar una suspensión por apariencia de buen derecho, al considerar que esas cuestiones deberán analizarse cuando se examine el fondo del litigio.
Un capítulo más del conflicto abierto desde junio
La resolución responde a una de las peticiones cautelares conocidas después de que Canal de Isabel II recurriera judicialmente los acuerdos adoptados por unanimidad por la Asamblea General del Consorcio el 1 de junio, relacionados con la resolución del contrato y la reversión y toma de posesión del servicio.
El Consorcio había informado a comienzos de octubre de la existencia de esos recursos y de las solicitudes cautelares formuladas por la empresa. El pronunciamiento conocido ahora afecta específicamente a la incautación de las garantías, por lo que los procedimientos principales continúan su tramitación.
El presidente del Cabildo y del Consorcio, Oswaldo Betancort, ha valorado que la decisión permita mantener la ejecución de los acuerdos adoptados. “Nuestra responsabilidad es defender el interés general y los recursos públicos de Lanzarote y La Graciosa con rigor y seguridad jurídica”, ha señalado, defendiendo el trabajo realizado por los servicios técnicos y jurídicos.
El vicepresidente del Consorcio, Domingo Cejas, ha insistido igualmente en que la resolución permite seguir adelante con la incautación mientras continúa el litigio y ha vinculado la defensa de estas garantías con la protección del patrimonio público y de los intereses de los usuarios.
La batalla judicial continúa
El auto no impone las costas de este incidente cautelar a ninguna de las partes y establece la posibilidad de presentar recurso de apelación en un plazo de quince días desde su notificación.
Por tanto, aunque el Consorcio obtiene un pronunciamiento favorable en esta fase concreta, el conflicto judicial con Canal de Isabel II sigue abierto. Los tribunales deberán pronunciarse todavía sobre los recursos presentados contra la resolución del contrato y la reversión del servicio, cuestiones que no han sido resueltas en este auto.
