La magistrada se remite al auto del 30 de junio y mantiene el sobreseimiento provisional después de recibir una ampliación de las diligencias de la Guardia Civil
El Juzgado de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Arrecife ha decidido mantener el sobreseimiento provisional de las diligencias relacionadas con la denominada machacadora de Hormiconsa en Argana Alta, después de recibir nueva documentación remitida por una unidad de protección de la naturaleza de la Guardia Civil. Las actuaciones afectaban, entre otros, al alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y al concejal responsable del área de Infracciones, Kevin Cortés.
La resolución conocida ahora adopta la forma de una providencia fechada el 20 de octubre de 2026. En ella, la magistrada acuerda incorporar la ampliación de las diligencias remitida tras una comparecencia del denunciante Andrés Medina y determina que debe mantenerse lo acordado en el auto del pasado 30 de junio, cuando ya se había decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.
La jueza mantiene el criterio adoptado en junio
Según la documentación trasladada por el Ayuntamiento, la magistrada no ha considerado necesario reabrir en este momento la investigación ni practicar las nuevas actuaciones que se habían solicitado. La providencia se remite expresamente al auto dictado a finales de junio, en el que el Juzgado concluyó que no estaba debidamente justificada la perpetración del delito que había dado origen a las diligencias.
Aquel auto señalaba además que las cuestiones relativas al cumplimiento del cese de actividad de la instalación debían abordarse dentro de la ejecutoria penal ya existente y que no existía entonces una justificación suficiente de nuevos hechos delictivos que permitiera mantener abiertas esas diligencias.
El procedimiento tiene su origen en denuncias relacionadas con la actividad y situación administrativa de la instalación situada en Argana Alta. Entre quienes promovieron actuaciones figura Andrés Medina, en representación de la Asociación Colectivo contra la Delincuencia Galguen, además de las diligencias desarrolladas por la Guardia Civil.
La instalación fue desmontada durante este mandato
El Ayuntamiento destaca que la machacadora fue finalmente desmantelada por la empresa durante el actual mandato municipal, en cumplimiento de un acuerdo plenario. El gobierno local utiliza este hecho para defender que actuó para hacer efectiva la retirada de la instalación mientras se desarrollaban, paralelamente, las actuaciones administrativas y judiciales.
Yonathan de León ha valorado la decisión judicial y sostiene que confirma la corrección de la actuación desarrollada por el Ayuntamiento. “Se publicó que se habían presentado denuncias contra mí y ahora corresponde explicar que, tras recibir esa documentación, el juzgado ha mantenido el archivo de la causa”, afirma el alcalde.
De León ha reclamado además que quienes difundieron acusaciones contra él, Kevin Cortés y técnicos municipales rectifiquen. Esa consideración forma parte de la valoración política y personal del alcalde, ya que la resolución judicial conocida mantiene un sobreseimiento provisional, pero no realiza una declaración general sobre la veracidad o falsedad de todas las manifestaciones efectuadas públicamente durante la controversia.
Un sobreseimiento provisional, no definitivo
La precisión resulta relevante porque el sobreseimiento provisional implica que el procedimiento queda archivado en las actuales circunstancias al no apreciarse elementos suficientes para continuar la investigación, pero jurídicamente no tiene el mismo alcance que un sobreseimiento libre o una sentencia absolutoria.
La novedad producida este 20 de octubre es, por tanto, que después de recibir las diligencias ampliatorias, el Juzgado no ha modificado el criterio adoptado en junio y mantiene archivadas provisionalmente las actuaciones.
De León asegura que afronta la resolución con satisfacción y que continuará centrado en la gestión municipal. El alcalde insiste además en que el desmantelamiento de la instalación durante este mandato demuestra, a su juicio, que el Ayuntamiento actuó para resolver una problemática que llevaba años generando controversia en Argana Alta.
