Aquí estoy, sentado y esperando una respuesta una vez más, mientras me pongo a escribir. Aunque he pensado en hacerlo muchas veces, hoy he decidido hacerlo para evitar gritar o llorar de impotencia, una emoción que seguramente muchas personas han experimentado.
No busco victimizaciones; de hecho, desprecio a quienes usan traumas familiares para justificar sus decisiones. Cada día, cuando el sol amanece, muchas personas, incluyéndome, salimos en busca de respuestas para nuestras necesidades. Algunas las encuentran porque depende de ellas mismas, al menos en lo que respecta a lo material. Pero muchas otras no tienen suerte.
Estas personas buscan ayuda en la administración pública, desde los ayuntamientos y servicios de salud hasta la justicia, cuando es necesario. A medida que pasa el tiempo, se dan cuenta de que el sistema falla gravemente cuando se trata de problemas de adicción, ya sea a drogas o alcohol, que afectan a alguien cercano. Este tipo de adicción lleva a una autodestrucción inconsciente y afecta a todo el entorno cercano.
Se llama a una y otra puerta en busca de ayuda, pero siempre se recibe la misma respuesta:
“No podemos hacer nada porque él no quiere.”
Con esta frase comienza el sufrimiento de familiares y amigos que intentan ayudar. Se dirigen de una administración a otra, al centro de salud, al hospital y a la justicia, buscando una manera de forzar a la persona a recibir ayuda. Sin embargo, siempre se encuentran con la misma barrera:
“Si él no quiere, no podemos intervenir.”
Algunos incluso sugieren que si alguien quiere morir de esta manera, es su decisión. Esta falta de empatía y la carencia de herramientas legales para obligar a una persona a recibir ayuda o, en casos irreversibles, a morir con dignidad, son preocupantes. La frase “es su propia voluntad” resulta absurda, ya que el alcohol y las drogas anulan la voluntad y la capacidad cognitiva de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, hasta el punto de que se considera un atenuante en el caso de cometer un delito. Pero, si esta condición se considera un atenuante al cometer un delito, ¿por qué se asume que alguien en estado de embriaguez sabe lo que está haciendo cuando solicita un alta voluntaria?
Este es el drama que enfrentan muchas familias: no encontramos respuestas mientras vemos a nuestros seres queridos deteriorarse hasta llegar a un final inevitable. Nos quedamos cuestionando la eficacia del sistema que debería protegernos, y nos hacemos preguntas sin respuesta:
¿Por qué la justicia o un médico no pueden forzar el internamiento en un centro de tratamiento para adicciones?
¿Por qué se prefiere enviar a alguien a prisión por un delito en lugar de tratar su adicción en un centro especializado?
¿Por qué?
Y muchas otras preguntas llegan cuando ya es demasiado tarde:
¿Qué hice mal que no pude ayudarlo?
¿Por qué no pude evitar su sufrimiento?
¿Por qué nadie me ayudó?
La falta de respuestas nos lleva a pedir un cambio legislativo que permita a médicos o jueces decretar el internamiento obligatorio en centros de tratamiento para aquellos que no pueden dejar las drogas. Sin duda, para enfrentar el problema de las adicciones, es esencial tomar medidas preventivas como esta, ya que encarcelar a alguien por delitos cometidos bajo el influjo de las drogas solo agrava el problema con el tiempo.
