En esta entrevista exclusiva, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, aborda algunos de los temas más urgentes que enfrenta la isla. Desde la crisis de la vivienda, que afecta tanto a residentes como a profesionales esenciales, hasta el futuro sostenible de Lanzarote con la aprobación del nuevo Plan Insular. Betancort también reflexiona sobre la situación crítica de las infraestructuras y los servicios públicos, y destaca las medidas que se están tomando para mejorar el acceso al agua y revitalizar sectores clave como la viticultura en La Geria. Además, el presidente enfatiza la importancia de la unidad política para afrontar estos desafíos y asegura que su gobierno está centrado en buscar soluciones concretas para garantizar un mejor futuro para Lanzarote y La Graciosa.
Buenos días, presidente. Después de cinco meses sin visitar nuestros estudios, es un placer tenerle aquí con nosotros. Sabemos que su agenda es muy apretada y siempre llena de compromisos. ¿Cómo ha estado?
Buenos días, Paco. Primero de todo, agradecer la invitación y pedir disculpas por esos cinco meses de ausencia. Es cierto que he intentado venir antes, pero la agenda ha sido una auténtica locura. De todas formas, aquí estoy, cumpliendo con mi compromiso. Quiero aprovechar para felicitar a todo el equipo de este medio de comunicación. Me ha impresionado cómo han crecido tanto en infraestructura como en el equipo humano, pero, sobre todo, en la calidad de la comunicación, algo esencial para una isla como Lanzarote. La evolución de la información en la isla es fundamental para el desarrollo de nuestros ciudadanos y para el futuro de nuestro territorio.
Entrando en materia, presidente. Ayer hizo un llamamiento a la militancia socialista para que reconsidere su apoyo a Pedro Sánchez, sobre todo en relación a la gestión de la crisis migratoria que afecta a Canarias y en especial a Lanzarote. ¿Qué llevó a realizar esta convocatoria de manera tan urgente y cuál era el mensaje principal?
El encuentro con los medios de comunicación fue una necesidad ante la situación crítica que estamos viviendo en Canarias, y en particular en Lanzarote, con el fenómeno migratorio. Lo que hemos presenciado en los últimos años es alarmante. Las estadísticas no mienten, en los últimos cinco años, de septiembre a diciembre, ha habido un incremento significativo en la llegada de pateras, cayucos y lanchas neumáticas a nuestras costas. Lanzarote está en una situación límite. No sólo las infraestructuras están saturadas, sino que los servicios sociales y sanitarios no pueden soportar esta presión. Firmamos en julio un decreto de emergencia social porque no podemos seguir así. Nos enfrentamos a un goteo continuo de llegadas de migrantes, y detrás de esto, sabemos que están las mafias que han encontrado rentabilidad en este tráfico de seres humanos.
Mi llamamiento fue claro: necesitamos que alguien, y en este caso el Gobierno de España, actúe. Es preocupante que el Papa haya tenido que intervenir para señalar la crisis humanitaria que vivimos en Canarias, y que haya mostrado su apoyo a los canarios, mientras que Pedro Sánchez parece mirar hacia otro lado. Lanzarote no puede soportar más, y por eso pedimos a los militantes del PSOE que presionen a su líder para que tome medidas urgentes.
Es llamativo que haya sido el Papa quien, en su viaje de regreso a Roma, haya hablado de la crisis migratoria en Canarias. Parece que su intervención fue un toque de atención para que el Gobierno de España se plantee actuar. Mientras tanto, Coalición Canaria sigue apoyando a Pedro Sánchez. ¿Cómo se entiende esa postura?
Lo entiendo, y esa es precisamente una de las cuestiones que debemos abordar como partido. Coalición Canaria apoyó a Pedro Sánchez en su momento con la esperanza de que ese apoyo se tradujera en mejoras y beneficios para Canarias. Pensábamos que con ese respaldo podríamos conseguir avances en áreas críticas como el transporte, el agua, la vivienda y, por supuesto, la gestión migratoria. Sin embargo, hemos visto muy poco retorno. En el caso de Lanzarote y La Graciosa, el apoyo que hemos brindado no ha generado ningún resultado palpable. Esto es algo que preocupa a muchos dentro de Coalición Canaria, y por eso yo mismo he solicitado una reflexión profunda dentro de nuestro partido. Nos debemos a Canarias, y si el apoyo a Pedro Sánchez no se traduce en beneficios para nuestras islas, debemos reconsiderarlo.
Mientras tanto, la ruta migratoria atlántica sigue siendo una de las más peligrosas del mundo, y la justicia ha suspendido de urgencia el protocolo del Gobierno de Canarias para frenar la acogida de menores migrantes. ¿Cómo valora esta decisión y la situación en general?
Es un tema muy delicado, Paco. La decisión de la justicia es comprensible, pero no podemos perder de vista que la situación es insostenible. Tenemos un sistema absolutamente colapsado. No sólo estamos hablando de infraestructuras, sino también de la presión psicológica y física sobre los profesionales que están al frente de este fenómeno. Los migrantes que llegan están agotados, deshidratados, y el sistema de salud y los servicios sociales no pueden atender tanta demanda. Ayer, por ejemplo, 99 personas tuvieron que ser atendidas en el hospital en solo 24 horas.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria ya ha dicho que no puede acoger a más migrantes. En Lanzarote estamos soportando una carga inmensa. El Estado debe intervenir de manera decisiva. No se trata solo de desviar la atención o trasladar el problema a otro lugar; estamos hablando de vidas humanas, de personas que están en situaciones extremadamente vulnerables. Lo que necesitamos es que se modifique la Ley de Extranjería para que se adapte a la realidad que estamos viviendo. No podemos seguir así.
En relación con la política, algunos ciudadanos no entienden por qué Coalición Canaria sigue gobernando con el Partido Popular en Canarias, mientras que este partido vota en contra de la reforma de la Ley de Extranjería. ¿No es una contradicción?
Es una cuestión legítima. Pero en política, las cosas no siempre son blancas o negras. La alianza con el Partido Popular en Canarias se fundamenta en la estabilidad, y en ese marco hemos trabajado bien juntos en muchas áreas. Sin embargo, es cierto que no coincidimos en todo, y en temas como la Ley de Extranjería hemos pedido al Partido Popular que dialogue más, que sea más flexible. Lo importante es que ahora el Partido Popular ha mostrado una mayor disposición a colaborar con nosotros para encontrar soluciones. Feijóo estuvo aquí hace poco y mostró su compromiso con Canarias, lo cual es un paso adelante. Pero quien tiene que liderar el cambio en la gestión migratoria es el Estado.
Hace poco, el alcalde de Arrecife, Jonathan de León, pidió al Gobierno de Sánchez que enviara un barco para trasladar a los migrantes a Barcelona. ¿Cómo interpreta esta declaración?
Sinceramente, no comparto esa postura. Lanzarote siempre ha sido un lugar solidario, y no podemos resolver esta crisis cargando un barco y enviando a los migrantes a otro lugar. Estamos hablando de seres humanos que se juegan la vida en esta travesía. No se trata de un problema que se pueda “quitar de en medio” tan fácilmente. No es una solución responsable. Lo que necesitamos es un plan serio y estructurado, con implicación de todas las instituciones y, sobre todo, con una distribución más equitativa de los migrantes en todo el territorio nacional y europeo.
Cambiando de tema, el suministro de agua sigue siendo un problema crítico en la isla, especialmente en municipios como Haría, Teguise y Tinajo. ¿Qué medidas está tomando el Cabildo?
El problema del agua es muy complejo, Paco. Cuando llegamos al Cabildo, nos encontramos con un Consorcio de Aguas que no funcionaba bien, con incumplimientos graves en el contrato y una situación crítica en muchas zonas rurales. Desde entonces, hemos trabajado sin descanso para mejorar la situación, pero esto no se soluciona de la noche a la mañana. Estamos invirtiendo en mejorar las infraestructuras, pero se necesita tiempo y recursos. Por ejemplo, hemos perdido un 60% del agua que se desala, algo que el contrato original estipulaba que debía reducirse en un 50%. Es un trabajo arduo, pero estamos comprometidos en resolverlo.
El próximo 30 de septiembre se espera que el Cabildo presente novedades sobre el Plan Insular. ¿Qué esperanzas tiene puestas en este proyecto?
Todas, Paco. Este Plan es clave para el futuro de Lanzarote. Llevamos 17 años esperando y ahora tenemos la oportunidad de darle a nuestra isla un plan que ordene su territorio y le dé un futuro sostenible. Este plan no solo va a mejorar las infraestructuras y el desarrollo económico, sino que también va a proteger nuestro entorno natural, que es nuestro mayor activo. Queremos que Lanzarote sea un ejemplo de sostenibilidad y que esté preparada para los próximos 50 años.
También hablamos del Plan Especial de La Geria, un área vital para el sector vitivinícola. ¿Cómo ve el futuro de esta zona con este plan?
La Geria es un símbolo de nuestra identidad y nuestra historia. Es un espacio único en el mundo, y nuestra obligación es preservarlo. Estamos trabajando en un plan especial que no solo ordene el territorio, sino que garantice que el sector vitivinícola pueda seguir desarrollándose de manera sostenible. Hemos logrado asegurar una ficha financiera para el tratamiento del hoyo, algo que nunca se había hecho antes. Queremos que La Geria sea un ejemplo de cómo el desarrollo económico puede ir de la mano con la protección del medio ambiente.
Para cerrar, hablemos de La Graciosa. ¿Qué avances nos puede contar sobre la octava isla?
La Graciosa ha sido una prioridad desde el primer día de mi mandato. Hemos avanzado en cuestiones esenciales como el suministro de agua, el saneamiento y la digitalización. Nos encontramos con una situación crítica en algunos frentes, pero hemos trabajado duro y ya hemos resuelto muchos problemas, como el cierre de locales por falta de agua. En cuanto al desarrollo, estamos impulsando medidas para eliminar trabas a los agricultores y pescadores, y estamos trabajando en un proyecto para reducir la brecha digital que afecta a los mayores. Queremos que La Graciosa esté plenamente integrada en el desarrollo de Canarias y que sus habitantes tengan acceso a los mismos servicios que en otras islas.
Hablemos ahora de un tema crítico para la isla: la vivienda. Este problema afecta tanto a los ciudadanos como a profesionales esenciales, como profesores, médicos y miembros de las fuerzas de seguridad. Muchos de ellos han tenido que renunciar a sus plazas por no encontrar vivienda. ¿Qué medidas están tomando desde el Cabildo para paliar esta situación?
La situación de la vivienda es, sin duda, uno de los mayores retos que enfrentamos en Lanzarote. No afecta solo a los servicios públicos, sino también al sector privado, donde la falta de vivienda impide atraer a trabajadores cualificados. Desde el Cabildo, estamos tomando medidas en varias líneas. Por un lado, hemos firmado un acuerdo marco con el Gobierno de Canarias que nos permite actuar directamente en políticas de vivienda. Ya hemos comenzado con la compra de suelo en Arrecife y en Uga para destinarlos a vivienda pública. Además, estamos colaborando con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para que en esta legislatura se construyan unas 400 viviendas en Lanzarote.
Pero no solo estamos centrados en la construcción. También estamos trabajando en medidas de apoyo al alquiler, que es otro de los grandes problemas que enfrentan nuestros residentes. Sabemos que muchas personas no pueden hacer frente al alto coste de los alquileres, y por eso queremos sacar una línea de ayudas para aquellos que más lo necesitan.
El tema del suelo disponible para construir es un punto clave en este debate. ¿Se está trabajando en mejorar la edificabilidad en lugares como Arrecife?
Así es, Paco. Hemos identificado que en algunos municipios, como Arrecife, hay zonas donde se podría mejorar la edificabilidad para aprovechar mejor el suelo disponible. Esto significa que, en lugar de construir solo dos plantas, podríamos permitir hasta tres alturas en ciertos puntos, siempre garantizando que no haya problemas de impacto visual o urbanístico. Además, hay unas 10.000 viviendas inmovilizadas en la isla, y estamos buscando fórmulas para que los propietarios se sientan seguros al ponerlas en alquiler, como ofrecer garantías contra los ocupas y los incumplimientos contractuales mediante seguros.
