El senador Pedro San Ginés ha estado en nuestros estudios para abordó la situación política en la isla, resaltando avances en bienestar social, vivienda y ordenación del territorio bajo el gobierno de Oswaldo Betancort. En el Senado, se comprometió a seguir luchando por los intereses de Canarias, enfocándose en la vivienda, la migración y los incumplimientos del Gobierno central. También defendió la necesidad de especialización de los jueces de menores. San Ginés hizo un recorrido por su trayectoria política y la situación actual en la que se encuentra.
Le voy a hacer una reflexión personal, si usted me lo permite. El otro día usted colgó un vídeo desde su despacho, en plena sesión del Senado, cuando conocía la última resolución judicial. Tuvo usted un ratito, un tiempo para reflexionar en público. Está en sus redes sociales. Un vídeo que, a mí, me conmovió y le tengo que confesar que incluso se me saltaron las lágrimas. Porque en ese vídeo usted recordó el dolor, de manera especial, por su madre, porque se marchó sin poder ver que todo lo que había pasado usted durante estos últimos años era fruto solo de una venganza política y personal hacia usted para intentar acabar con su figura pública, pero también con su imagen como individuo. Ese mensaje que usted lanzó a su madre, la verdad le tengo que decir que me emocionó y me tocó.
Bueno, pues yo se lo agradezco. Supongo que esto no interesa demasiado a la gente, pero es cierto que hay cosas que uno no podrá recuperar. Mi madre había sufrido un ictus, esa es la verdad, y ya no se podía expresar, pero veía la televisión, vio a la Guardia Civil delante de mi casa y fueron años muy duros. Fue un tiempo complicado por lo que hizo Dolores Corujo y su equipo, con titulares en los que fui tratado como un capo de la mafia con una inmensa fortuna amasada a base de robar millones de euros de honorario público. Fue muy fuerte, ¿sabe? Además, contaron con la colaboración de un juez, Jerónimo Alonso, que no merece serlo porque ha demostrado —y así lo corrigió la Audiencia en varias ocasiones— una falta total de imparcialidad. En este caso se cometieron muchos abusos: bloqueo de mis cuentas, indefensión con la petición de escoltas por supuestas amenazas de mi entorno, incautación de una mochila como si fuera una bomba explosiva. En definitiva, fue una instrucción realmente escandalosa. Todavía hoy no dispongo de mis propiedades. El último auto ha levantado los embargos, pero que yo sepa no han llegado al registro. No he podido disponer durante todo este tiempo de ellas.
En ese vídeo usted decía que sí iba a disponer de él.
Sí, porque así lo dice el auto. Me imagino que llegarán a estudiarlo. En definitiva, fue un auténtico calvario, un suplicio, y mi madre falleció antes de que el Supremo archivara la causa y después el juzgado de lo penal. Lo que más me satisface es que el juzgado entró en el fondo de todo, desmontando todas las mentiras que Dolores Corujo y su servicio jurídico externo inventaron para incriminarme a mí y a otros. El juez concluyó que no había nada irregular ni en la contratación, ni en los pagos, ni hubo quebranto a la Administración Pública. Lo que siempre dije: no eran fondos públicos, eran fondos privados. Sepultaron informes, documentos oficiales y trataron de acabar conmigo. Pero espero que esto sirva para dejar claro que, primero el Supremo, y luego el juzgado, han desmontado de la A a la Z todas las barbaridades que dijeron Dolores Corujo y su equipo. Incluida la compra de mi casa, que también fue esclarecida. Dijeron que la UCO acreditó que se había pagado por encima del precio de mercado y con fondos propios.
Pero Manuel Fajardo ha hecho declaraciones diciendo que no entiende su alegría cuando cabe recurso aún.
Mi alegría es porque ahora tienen que recurrir. Antes no tenían nada que recurrir porque el caso estaba vivo. Mi alegría es porque se ha hecho justicia, porque se ha archivado la causa, porque se ha entrado en el fondo y se ha demostrado lo que siempre dije. Si quedaba alguna duda, se ha desmentido que esto era una denuncia hecha desde las instituciones con intereses políticos exclusivos de Dolores Corujo. Y hay que felicitarla porque logró su objetivo: eliminarme de la carrera a la presidencia. Y eso lo admito, lo lograron. Sin embargo, gracias a la confianza de mi partido a nivel local y nacional, mi carrera política sigue viva. Puede que no esté donde quería estar, pero tampoco donde quería que desapareciera ella. Dijeron que la UCO acreditó que se había pagado por encima del precio de mercado y con fondos propios. Además, se personó el partido a nivel federal con la autorización de Ángel Víctor Torres. Lo sé porque me lo contó él.
Le quiero hacer una pregunta sobre inmigración, porque acaba de arrancar la Conferencia de Presidentes. Ayer su compañero David Toledo fue muy duro en esta emisora, relacionando la inmigración con decisiones políticas. ¿Qué espera Pedro San Ginés de esta conferencia respecto a este tema?
Lo que espero lamentablemente es bastante distinto de aquello a lo que aspiro. Lo que cabría esperar sería responsabilidad política, humanidad y altura de miras, pero eso ha faltado tanto en el PSOE como en el PP respecto a la inmigración.
Llevamos años enfrentándonos a llegadas masivas de menores no acompañados, un fenómeno que la Ley de Extranjería ni siquiera contempla. Esto ha creado una situación insostenible, especialmente en Canarias. Mientras tanto, Fernando Clavijo está asumiendo una labor que debería estar liderando Pedro Sánchez, mostrando más compromiso político de lo que hemos visto por parte del Gobierno de España. Pero la realidad es que los esfuerzos del Gobierno canario chocan con la indiferencia y la estrategia partidista de las dos grandes formaciones. En vez de buscar soluciones conjuntas, todo esto se utiliza como arma política, lo cual me parece vergonzoso.
Por otro lado, está el problema político que pasa por Junts. El presidente Sánchez necesita su apoyo para mantenerse en el Gobierno y, según se ha planteado en los datos de menores no acompañados, parece que Cataluña no se verá afectada si se lleva a cabo una distribución obligatoria entre comunidades. Esto aumenta ligeramente la probabilidad de que prospere un acuerdo puntual. Es lamentable que haya más voluntad política para evitar desavenencias con Junts que para buscar soluciones humanitarias.
Lo que realmente necesitamos es una modificación integral de la Ley de Extranjería que contemple fenómenos migratorios como este. También necesitamos recursos para la integración, algo que no solo atendería la emergencia actual, sino que permitiría a estos menores desarrollar una vida digna en el futuro. La Ley de Extranjería no contempla llegadas masivas de menores no acompañados, y eso hay que corregirlo. En vez de afrontarlo juntos, todo se ha convertido en un arma política, lo que es sencillamente vergonzoso.
Pero el Partido Socialista, porque hay presidentes autonómicos del Partido Socialista que también se niegan a ese reparto.
Sí, por supuesto. Por eso digo que la responsabilidad está en ambos lados. No es solo del Partido Popular ni del PSOE en solitario. Cuando hablamos de presidentes autonómicos que rechazan la distribución obligatoria, esto evidencia una falta de liderazgo por parte del Gobierno central. Al final, quien tiene la obligación de poner aunque sea un decreto ley sobre la mesa y asumir esta responsabilidad es el Gobierno, y quien lo preside: el Partido Socialista. No podemos eludir que es Pedro Sánchez quien debe liderar con decisión una solución que sea justa y humana.
Pero, Pedro, tengo la sensación, no sé si la comparte conmigo, de que últimamente la política se ha deshumanizado tanto que llega a dar cierto miedo.
Por eso decía antes que, en este caso, de lo que estamos hablando es del derecho superior de los menores. No se puede tirar por la borda ese derecho, que es lo que haría Vox si uno escucha sus planteamientos. Todos los argumentos pierden sentido cuando lo que está en juego es un niño desamparado, sin familia, abandonado a su suerte.
Además, hay que recordar que no se trata solo de atender a estos menores en el momento actual, sino también de pensar en su integración futura. Esto hace que cualquier otra postura, por razonable que parezca, pierda validez. Incluso reconociendo que la política migratoria, la cooperación exterior o la gestión de Frontex tanto en España como en Europa son mejorables, estamos ante un fenómeno puntual que requiere una respuesta humanitaria.
Esta mañana, a las nueve, teníamos al teléfono a Redwan Baddou, un joven de Argana Alta que seguramente le sonará por su activismo social en defensa de los intereses de los vecinos y vecinas del barrio. Nos contó que ha viajado a Bruselas junto a compañeros de Regulación Ya, esta asociación, porque el Gobierno de España no les ha hecho caso en absoluto, a pesar de haber recogido más de 700.000 firmas en España para defender una iniciativa legislativa popular. Lo más sorprendente es que nos comentó que la única persona que les prestó atención en Bruselas fue un eurodiputado del Partido Popular. Y aquí viene la contradicción: ¿cómo es posible que el PP en Europa apoye su causa mientras en España se opone a la reforma? ¿Cómo se explica esto, don Pedro?
Es una situación difícil de entender, pero no es la primera vez que ocurre. Este tipo de contradicciones reflejan cómo, en ocasiones, los partidos políticos manejan estrategias diferentes en función del ámbito en el que operan, ya sea nacional o europeo.
En cualquier caso, es importante aclarar que aquí estamos hablando de regularización de extranjeros adultos, lo cual se enmarca en un debate ideológico legítimo y donde pueden existir diferencias entre las posturas de los partidos. Pero esta situación pone de manifiesto una falta de coherencia política. Que un representante del PP en Europa apoye una causa que sus compañeros en España rechazan evidencia que, a nivel interno, no existe un consenso claro sobre cómo abordar este tipo de iniciativas.
Dicho esto, cuando el debate gira en torno a menores no acompañados, no cabe ese juego ideológico. No estamos discutiendo sobre migración de adultos, sino sobre la vida y el bienestar de niños y niñas que han quedado desamparados, sin familia, abandonados a su suerte. En este caso, debería primar un mínimo de sensibilidad y humanidad para entender que no es aceptable siquiera plantear la posibilidad de dejarlos sin ayuda.
En cuanto a la situación que expone, creo que demuestra algo preocupante: muchos de estos problemas, que deberían tratarse con altura de miras y voluntad de consenso, terminan atrapados en estrategias partidistas o de imagen pública. No importa si se trata de adultos o menores, al final, quienes sufren las consecuencias de esta falta de coherencia son las personas que más necesitan ayuda.
Es una pena que iniciativas como la de Regulación Ya, que reúnen el apoyo de cientos de miles de personas y reflejan un clamor ciudadano, no reciban la atención que merecen en España, y que sea necesario ir a Bruselas para encontrar respaldo. Lo que necesitamos es mayor compromiso político y menos contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace en distintos niveles de gobierno.
Creo, además, que la mayoría de los canarios está de acuerdo con usted, o al menos aquellos que participaron en una encuesta organizada por un diario regional. Ayer se planteó una consulta fugaz en la que se preguntaba a los canarios si confiaban en que la solución al problema de la inmigración estaría tras la Conferencia de Presidentes de este viernes. Más del 70% de la población encuestada respondió que no tenía ninguna confianza en ello.
Ninguna, puntual puede pero ninguna. La que le acabo de decir yo y no por un ejercicio de generosidad de Cataluña, sino como le digo, porque saben que con los actuales ratios, las propuestas que hay en la mesa no sería a ellos a quienes les correspondería asumir, sino a otras comunidades, porque como bien saben, esperan y aspiran a tener las competencias integras en materia de inmigración.
En fin, vamos a la Cámara Alta, Pedro, pero en positivo. Le quiero pedir dos o tres titulares sobre lo que ha significado 2024 para usted en el Senado en términos positivos, porque de lo negativo ya habrá tiempo para hablar.
La verdad es que, en positivo, diría que mi experiencia en la Cámara Alta ha sido enriquecedora. En el Senado convives con personas de largo recorrido político, con mucha experiencia y tablas, y siempre se aprende algo de ello. Pero, siendo honesto, no quiero engañar a nadie: el Senado es útil, aunque no siempre determinante. Su principal función, al menos en mi caso, ha sido mantener en la agenda política los asuntos que más preocupan a Canarias, lo que llamamos la Agenda Canaria.
En este sentido, diría que el Senado nos permite reivindicar los incumplimientos que está teniendo el Gobierno del Estado con Canarias en temas como inmigración, transferencias económicas, infraestructuras o vivienda. Por ejemplo, seguimos denunciando que no han llegado ni los primeros 50 millones de los 100 comprometidos para atender la crisis migratoria, lo cual es inaceptable.
Si tuviera que destacar algo concreto, me quedaría con lo ocurrido esta misma semana, el miércoles, en la ponencia de una modificación de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF). En esta ocasión, el Senado sí ha sido realmente útil, porque logramos incorporar una medida muy importante que permitirá invertir la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en vivienda protegida, tanto para promoción como para rehabilitación. Esto es algo que no se pudo hacer en el Congreso debido al veto de Vox, pero aquí hemos conseguido un consenso entre Coalición Canaria, el Partido Popular y el Partido Socialista.
Aunque esta medida por sí sola no solucionará el problema de la vivienda en Canarias, creo que es un paso adelante. Ahora habrá más herramientas para promover la construcción y rehabilitación de viviendas protegidas, especialmente en alquiler a bajo coste, lo cual es una de las principales necesidades en nuestras islas.
¿Y qué significaría eso, para que la gente lo entienda?
Básicamente, significa que aquellos beneficios empresariales que hasta ahora solo se podían reinvertir en determinadas áreas podrían destinarse también a la construcción y rehabilitación de viviendas protegidas. Esto incluye tanto viviendas de nueva construcción como la recuperación de viviendas ya existentes para que puedan ser ofrecidas en alquiler a bajo coste.
La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) es un instrumento fiscal que permite a empresas y particulares reinvertir sus beneficios sin tener que tributar por ellos, siempre que se destinen a proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social del archipiélago. Hasta ahora, este instrumento no podía utilizarse para promover vivienda protegida, y cambiar eso es una vieja aspiración de muchos sectores, sobre todo del ámbito empresarial y de la construcción.
Lo que esperamos es que esto facilite que pequeños y medianos empresarios, que constituyen el 90% del tejido económico de Canarias, puedan destinar sus recursos a generar un impacto social positivo en el acceso a la vivienda. Esto no solo ayudaría a aliviar la crisis habitacional que tenemos, sino que también podría activar la economía local y generar empleo en sectores relacionados con la construcción y la rehabilitación.
En términos prácticos, podría significar que, en lugar de pagar impuestos por esos beneficios, un empresario decida construir cuatro o cinco viviendas protegidas o rehabilitar algunas que ya existen para ponerlas en alquiler a precios accesibles. Esto beneficiaría directamente a las miles de personas que llevan años inscritas en los registros de demanda de vivienda protegida.
Por supuesto, esto no solucionará el problema de la vivienda por sí solo. Es una medida que debe complementarse con otras acciones, como la habilitación de suelo, la implementación de planes específicos de vivienda y el apoyo directo del Gobierno. Pero sin duda es un paso importante que, si se aprovecha bien, puede marcar una diferencia en nuestra lucha contra la crisis de vivienda en Canarias.
Don Pedro, si no me equivoco, usted es portavoz de la comisión de investigación del denominado Caso Koldo, ¿me equivoco?
No, no se equivoca. Soy portavoz de mi grupo plural, que está compuesto por varios partidos.
¿Quiere hablar de este asunto? ¿De cómo está en estos momentos?
Por supuesto. El Caso Koldo es un tema complejo que ha requerido la comparecencia de muchas personas en la comisión de investigación, pero en lo que yo me he centrado es en aquello que afecta directamente a Canarias dentro de esta trama.
Lo cierto —y esto no lo digo yo, lo dicen los informes de la UCO (Unidad Central Operativa)— es que el Gobierno de las Flores, presidido por Ángel Víctor Torres, fue quien abrió la puerta a esta trama en Canarias. Aquí es donde más facturaron las empresas vinculadas al Caso Koldo, más que en cualquier otra comunidad de España.
Quiero dejar claro algo que también manifesté durante la comparecencia del señor Torres: creo en su presunción de inocencia y, personalmente, no creo que se haya enriquecido a título individual. Sin embargo, esta comisión no está para depurar responsabilidades penales, sino políticas. Y en ese sentido, Torres tiene la máxima responsabilidad, empezando por permitir la entrada de la trama en Canarias y desatender advertencias posteriores sobre posibles irregularidades.
Por ejemplo, cuando la Audiencia advirtió de la existencia de múltiples contratos irregulares que podían ser nulos de pleno derecho, el Gobierno no actuó. También se ignoraron las recomendaciones de auditores propuestos por Nueva Canarias y el Partido Socialista, que votaron en contra de que esos informes vieran la luz. Además, el señor Torres impidió que se creara una comisión de investigación en el Congreso, incluso después de que se conociera la trama.
En esta comisión ha quedado claro que faltó voluntad para esclarecer los hechos. Es más, el propio Torres ha faltado a la verdad en varias ocasiones. Por ejemplo, negó que Koldo le hubiese propuesto empresas, pero los mensajes de WhatsApp demostraron lo contrario. Negó también que el comité técnico hiciera propuestas, cuando hay documentos oficiales que prueban lo contrario.
No estoy diciendo que haya responsabilidades penales o que se haya enriquecido personalmente, pero es evidente que hay una responsabilidad política que no ha asumido. En un sistema democrático, permitir que algo así ocurra sin aclararlo es una grave falta de transparencia y de rendición de cuentas.
Usted ha planteado, si no me equivoco, la necesidad de que los jueces de menores se especialicen en esta materia, que puedan atender mejor las necesidades de los menores. Pero, por lo que entiendo, esta enmienda que usted propuso no terminó de prosperar, ¿verdad, don Pedro?
Así es, y es una auténtica pena. Le explico: en realidad, la enmienda no es originalmente mía, aunque la he asumido y registrado. Fue propuesta por casi 70 jueces de menores, quienes me trasladaron esta inquietud. Básicamente, lo que planteaban es una mejora en un proyecto de ley que aborda la racionalización y la efectividad de la justicia, con un apartado específico sobre la especialización de los jueces de menores.
Europa recomienda —y en algunos casos exige— que haya una especialización clara en esta materia. Los jueces de menores ya están especializados, pero el problema es que cuando ellos dictan una sentencia y esta se recurre, quienes la revisan en segunda instancia no son jueces especializados. Esto genera una incongruencia evidente. Los propios jueces lo dicen: “¿Cómo puede resolver una sentencia mía, como juez especializado, alguien que no tiene esa especialización?”. Esa era la mejora concreta que buscaba mi enmienda.
Entonces, ¿es una recomendación o una obligación en Europa?
Diría que, técnicamente, es más una recomendación que una obligación, aunque Europa insiste en la necesidad de que los sistemas judiciales se adapten para garantizar una justicia efectiva y especializada en casos tan sensibles como los de menores.
¿Qué ocurrió para que no prosperara esta enmienda?
Lo que pasó es que el Partido Popular vetó el proyecto de ley en el Senado, ejerciendo una potestad que tiene esta cámara de devolver los proyectos al Congreso sin que se debatan las enmiendas introducidas. Esto no solo afectó a mi enmienda, sino a muchas otras que buscaban mejorar el texto. En este caso, la ley volverá al Congreso sin ninguna de las modificaciones propuestas en el Senado, y se aprobará tal como estaba originalmente.
¿Hay alguna posibilidad de reiterar esa enmienda?
No, lamentablemente no. En el Congreso ya finalizó el plazo para presentar enmiendas, y la ley vino al Senado en su forma definitiva. En el Senado podríamos haberla modificado y devuelto al Congreso para su ratificación, pero con el veto esto no fue posible. Ahora el texto se aprobará tal cual, sin las mejoras necesarias.
Entiendo que los jueces de menores, como parte afectada, conocedora de la materia e interesada en su mejora, tenían todo el derecho a ser escuchados. Ellos expusieron claramente su posición, yo la asumí y la defendí, pero no se pudo avanzar. Lo que más lamento es ni siquiera haber tenido la oportunidad de defender esta enmienda en el pleno del Senado.
Vamos a centrarnos en Lanzarote, porque me imagino que usted espera que le pregunte por la situación de la isla. Y sé que no me va a dar ninguna sorpresa la respuesta que me va a dar, porque entiendo que para usted el mayor problema que tiene la isla en estos momentos es el agua.
La verdad es que sí, el agua ha sido y sigue siendo uno de los principales problemas desde que llegué a la presidencia. Y escuchar al Partido Socialista en este tema me causa una vergüenza ajena. Esta mañana escuchaba a Ariagona González decir algo increíble, como negar lo que está transcrito y es fácilmente verificable. Ella y el Partido Socialista de Dolores Corujo han negado haber participado, desde el principio hasta el final, en lo que fue la solución más positiva en ese momento: la adjudicación del ciclo integral del agua a Canal Gestión, que sirvió para pagar una deuda y permitió invertir ese dinero en la infraestructura necesaria. Los documentos son claros, y acreditan que Dolores Corujo votó a favor en todos los pasos del proceso, desde la aprobación del pliego de condiciones hasta el negociado con las empresas. De hecho, fue la única alcaldesa que estuvo presente en la adjudicación de todo el proceso, para luego decir que no tuvo nada que ver.
¿Y cómo se ha gestionado la situación desde entonces?
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ya mostró toda esa documentación en un pleno, y la verdad es que la documentación habla por sí sola. Ahora bien, la responsabilidad en cuanto a la gestión del agua no es exclusiva de Pedro San Ginés, la máxima responsabilidad fue mía, y no reniego de ella. Sin embargo, cuando en 2019 Canal Gestión finalizó sus inversiones, que ascendieron a más de 50 millones de euros, nos encontramos con un problema: el Consorcio debía seguir invirtiendo, como lo hacen todos los ayuntamientos en toda España, para renovar redes y plantas de desalación, y aquí, en Lanzarote, los ayuntamientos se desentendieron del tema. Crearon el consorcio hace muchos años, pero desde entonces no han aportado ni un solo céntimo. Ese fue uno de los grandes problemas.
¿Y qué solución se plantea ahora?
La solución debe venir ahora del Consorcio, que es el propietario de toda la infraestructura, como los ayuntamientos y el Cabildo. Canal Gestión no va a invertir en nuevas redes ni en nuevas plantas, eso le corresponde a la Administración Pública. Ahora bien, lo que sería realmente necesario es que el Consorcio tome la responsabilidad de invertir. Además, aunque suene mal, hay una realidad que debemos enfrentar: sería bueno que se subiera el precio del agua. Lanzarote tiene el precio del agua más barato de toda Canarias en el ámbito doméstico, mucho más barato que en otras grandes ciudades. Yo fui quien subió el precio en 2011, durante mi campaña electoral, y no supuso ninguna pérdida de votos. La gente tiene que entender que, si no se toman medidas, la situación no mejorará.
El problema, Pedro, es que si se plantea la posibilidad de subir las tarifas del agua, la gente no lo va a entender.
Sí, sí, la gente lo va a entender, pero es importante que primero se garantice el suministro de agua.
A mí me dicen que van a subir las tarifas del agua, vale, pero primero que me den el agua.
No digo que lo vayan a entender, pero la afectación es tan mínima. ¿Cuánto paga usted al mes de agua?
13,50 euros al mes.
O sea, no paga ni 30 céntimos al día por el agua. Lo digo porque, si consideramos el aumento del IPC y el precio de la vida, la luz ha subido un 30% en los últimos años. Esto impacta mucho, porque la luz representa un 30% de los costos de la desalación. Si el sistema no es autosuficiente… y aquí entra otra contradicción del PSOE. Cuando se sacó el concurso de la desalación, existía un monopolio. Menos mal que había 50 desaladoras ilegales, porque si no, no habríamos podido suministrar agua. Ahora se están legalizando y habrá más. El precio del agua industrial, no solo en el ámbito turístico, sino en cafeterías o cualquier oficina, es tres o cuatro veces lo que paga usted en su casa. Ese es el problema. El sistema actual no va a ser suficiente. Si no es autosuficiente, no se puede atender con calidad. No habrá ninguna empresa que quiera gestionar este servicio. Muchas empresas están interesadas, pero cuando vean los números, perderán el interés. Tampoco sería un buen negocio para el consorcio rescatar el sistema en este momento, ya que, como está, el sistema pierde dinero todos los años. El precio del agua no cubre los costos. Es una pescadilla que se muerde la cola. Primero, déme agua, y si me la quiere subir, entonces hablamos.
Le voy a hacer un apunte. Hace dos meses, tuvimos aquí en el estudio a un diputado de Sumar Madrid, que estuvo hablando sobre el ciclo integral del agua y los problemas que tenemos con el agua. Él nos confesó que, en Madrid, los madrileños que están al tanto de los problemas con el agua en Lanzarote se están planteando si, aunque sea cinco céntimos, están pagando por los problemas del agua de Lanzarote. Nosotros investigamos porque nos parecía extraño.
Bueno, es cierto que Canal Gestión Lanzarote es una filial de Canal Isabel Segunda, que se creó para encapsular sus resultados en Lanzarote. Pero lo que realmente ha financiado el déficit de explotación y los 100 millones de euros iniciales de deuda de inversión de Canal Gestión Lanzarote ha sido Canal Isabel Segunda. Ellos, de alguna manera, han avalado las pérdidas que está teniendo Canal Gestión. Es cierto que el precio del agua debería haberse subido en 2017, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces. El debate sobre qué fórmula aplicar ya se dio en su momento. Lo que pasa es que la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias no ha autorizado ese aumento, y aquí seguimos con el mismo problema: la pescadilla que se muerde la cola.
En cuanto a la gestión, confío en que, con el trabajo de Domingo Cejas, que ha sido incansable, junto con un nuevo gerente al frente, se encuentre una solución pronto. A pesar de que el sistema no es perfecto, creo que estamos en buenas manos tanto desde el punto de vista político como técnico. En cuanto a la situación, a pesar de todo, no es peor que cuando yo llegué al Cabildo en 2009. Aquel entonces se cortaba el agua dos o tres veces al día. Ahora, al menos, tenemos esperanza de que la situación mejore.
Vamos a cambiar de asunto. Le voy a pedir un titular sobre el estado de Lanzarote.
Yo diría que, aunque hemos vivido años de desidia, ahora estoy viendo con esperanza este momento. En poco más de año y medio, se están abordando muchas cuestiones pendientes. Es cierto que cuando llegué al Cabildo en 2009, debíamos 50 millones de euros y no había nada en la caja. Ahora, el gobierno de Dolores Corujo y el de Oswaldo Betancort han gestionado una buena base financiera, lo que permite empezar a abordar las políticas que la isla necesita.
En temas como la ordenación del territorio, Jesús Machín está haciendo un excelente trabajo. En bienestar social, Marciano Acuña ha trabajado de la mano con las ONGs y ha puesto en marcha la aplicación del concierto social. En vivienda, parece que finalmente las cosas están arrancando. Aunque el gran problema sigue siendo la vivienda, confío en que, con el equipo de Oswaldo Betancort, las cosas van a mejorar. A pesar de los desafíos, tengo la sensación de que vamos a salir adelante.
Don Pedro, ¿cuál es la hoja de ruta que se ha marcado para 2025 en el Senado?
Tengo un montón de iniciativas puntuales que trabajar, muchas de ellas relacionadas con la vivienda, la mejora de las partidas para el bono de alquileres jóvenes, la protección fronteriza en todas las islas de Canarias, y con los problemas que afectan a muchos de los núcleos costeros. En términos generales, mi principal objetivo es que se cumpla con lo que se nos prometió cuando le dimos nuestro voto al presidente Sánchez. No era imprescindible para su investidura, pero sí era fundamental que la agenda canaria, con todos sus incumplimientos, fuera tomada en cuenta y que sigamos exigiendo lo que nos corresponde.
¿Se puede hacer fuerza sobre esto desde el Senado?
Claro, desde el Senado se pueden presentar iniciativas, preguntas y mociones para mantener vivos los temas en la agenda política. Lo importante es que se sigan retratando los incumplimientos del Gobierno, en cuestiones de carreteras, vivienda, obras hidráulicas, y en la financiación de la atención a los menores, la reconstrucción de La Palma, infraestructura educativa, y empleo. Además, tenemos que estar muy atentos a aquello que debe estar consolidado, como el REF, y pelear cada año por lo que nos corresponde.
