La diputada Natalia Santana alerta de problemas de salubridad, falta de alimentación y déficit de personal en el centro de atención a la discapacidad en Lanzarote
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha reclamado una actuación inmediata del Gobierno de Canarias ante la situación que califica de extrema gravedad en el centro de atención a la discapacidad ADISLAN, en Lanzarote.
La diputada Natalia Santana ha denunciado en la Comisión de Bienestar Social del Parlamento de Canarias, ante la consejera María Candelaria Delgado, el deterioro de las condiciones en algunos servicios del centro, especialmente en el Hogar Funcional, donde se han detectado problemas graves de salubridad.
Según expuso, las instalaciones presentan falta de limpieza y presencia de plagas de chinches y ratas, lo que compromete directamente la salud de las personas usuarias. A esta situación se suma que la alimentación sería insuficiente, afectando incluso a personas que necesitan medicación y no reciben la ingesta adecuada. “Estamos hablando de un servicio esencial que atiende a personas en situación de vulnerabilidad, y lo que estamos viendo es absolutamente inaceptable”, afirmó.
Santana señaló como responsable político al consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marciano Acuña, recordando que ADISLAN forma parte del convenio social insular y está financiado con fondos públicos, lo que implica una supervisión rigurosa que, según denuncia, no se está produciendo. Asimismo, solicitó la organización de una visita al centro para comprobar la situación sobre el terreno.
La formación también trasladó su apoyo a la plantilla, destacando el “esfuerzo sobrehumano” del personal, que trabaja en condiciones difíciles. Denuncian además falta de personal, lo que obliga a asumir funciones para las que no están preparados, afectando a la calidad del servicio.
A ello se suma el estado de las infraestructuras, que según NC-BC no están adaptadas, llegando a registrarse temperaturas superiores a los 40 grados en verano, lo que afecta directamente al bienestar de usuarios y trabajadores.
Asimismo, la diputada denunció presuntas represalias por parte de la gerencia del centro, incluyendo limitaciones a la libertad sindical y el despido de una trabajadora que iba a presentarse como delegada sindical.
NC-BC exige una investigación urgente, la adopción de medidas correctoras y la depuración de responsabilidades, subrayando que “no se puede permitir que un servicio financiado con dinero público funcione en estas condiciones ni que se vulneren derechos laborales básicos”.
