La propuesta será elevada a la Asamblea General después de que no prosperaran las negociaciones para ceder el servicio a una tercera empresa
El Consorcio del Agua de Lanzarote ha decidido continuar con el procedimiento para la resolución del contrato con Canal Gestión, tras no prosperar las negociaciones impulsadas por la concesionaria para ceder el servicio a una tercera empresa dentro del plazo establecido.
El proceso será elevado a la Asamblea General, que se convocará en los próximos días, dando continuidad a un expediente iniciado en abril de 2025 por acuerdo unánime.
El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio, Oswaldo Betancort, subrayó que “no se trataba únicamente de sustituir a una empresa por otra, sino de asegurar un salto cualitativo en la prestación del servicio en función del interés general”.
El contrato, suscrito en 2013 entre el Consorcio y Canal Isabel II, contemplaba la posibilidad de una cesión para garantizar una salida ordenada. Sin embargo, tras conceder dos plazos consecutivos de tres meses, la concesionaria no ha comunicado ningún acuerdo viable.
Betancort destacó que “nos encaminamos a cerrar un capítulo del procedimiento contractual tras un proceso riguroso, serio y con todas las garantías jurídicas”, señalando además que el esfuerzo del Consorcio y de las administraciones implicadas no ha sido correspondido por la empresa.
La decisión se fundamenta en los incumplimientos reiterados detectados en la ejecución del contrato, especialmente en materia de mantenimiento de infraestructuras, reparación de averías y ejecución de inversiones, lo que ha contribuido al deterioro del sistema hidráulico insular y al aumento de pérdidas de agua.
Por su parte, el consejero de Aguas, Domingo Cejas, recordó que “Canal Gestión tiene la obligación de seguir prestando el servicio, aunque se adopte el acuerdo de resolver el contrato”, garantizando así la continuidad del suministro.
El procedimiento continuará con la remisión del acuerdo al Consejo Consultivo de Canarias, que deberá emitir el informe preceptivo en un plazo máximo de 40 días.
