El portavoz de Coalición Canaria en Tías pidió la revisión de oficio del acuerdo plenario que aprobó el plan, al considerar que el expediente presenta deficiencias jurídicas y económicas
El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tías, Amado Vizcaíno, ha presentado escritos solicitando la revisión de oficio del acuerdo plenario aprobado el pasado 26 de marzo relativo al Tercer Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto del Carmen.
Según ha indicado, la solicitud se fundamenta en la existencia de posibles irregularidades advertidas en los informes de Secretaría e Intervención municipal.
Vizcaíno ha señalado que el documento fue aprobado “pese a un informe desfavorable del secretario que es clarísimo al señalar que corresponde informar desfavorablemente el expediente”, y ha añadido que “no se puede seguir adelante con un procedimiento cuando el propio expediente está incompleto, defectuoso y lleno de dudas sobre su legalidad”.
El portavoz nacionalista ha apuntado que uno de los aspectos señalados es la inclusión de documentación que, según afirma, “no puede considerarse un informe válido, sino un borrador de informe del Gobierno de Canarias”.
Asimismo, ha indicado que el informe de Secretaría recoge que “el expediente está incompleto” y que los convenios urbanísticos incluidos “carecen de la documentación preceptiva”, además de advertir de una “falta de fundamentación jurídica y motivación”.
Desde Coalición Canaria consideran que estas deficiencias afectan a la validez del acuerdo adoptado por el pleno, al tratarse de un instrumento de planeamiento urbanístico.
En este sentido, Vizcaíno ha señalado que el informe advierte de que “serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento”, recordando además que el anterior plan de modernización de Puerto del Carmen fue declarado nulo.
El portavoz ha manifestado que “estamos ante un asunto muy serio. No se puede seguir adelante como si nada, porque hay un antecedente judicial muy claro y porque el propio informe de Secretaría advierte de riesgos de nulidad. El Ayuntamiento tiene la obligación de parar, revisar y corregir”.
En relación con el informe de Intervención, Coalición Canaria ha señalado que se plantean dudas sobre la previsión presupuestaria necesaria para ejecutar el plan, así como sobre la justificación de determinadas cifras económicas.
Según ha indicado Vizcaíno, estas cuestiones evidencian que “el proyecto se ha tramitado con más prisa que rigor, sin una base sólida ni jurídica ni financiera”.
Además, ha mencionado dudas sobre la encomienda de gestión, la contratación del redactor y la posible utilización de contratos menores, señalando que el informe advierte que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir” el procedimiento de adjudicación.
Vizcaíno ha concluido que “hay demasiadas preguntas sin responder. Hay dudas sobre la competencia, sobre la contratación, sobre la financiación y sobre la propia arquitectura jurídica del plan. Y cuando un expediente concentra tantas alertas, lo responsable es detenerse, no mirar hacia otro lado”.
Coalición Canaria solicita la revisión del acuerdo, la depuración de posibles responsabilidades y la remisión del expediente a los órganos supramunicipales competentes.
