La Mesa Insular de Acción Social y Mayores analizó la reducción de los tiempos de espera, la teleasistencia avanzada, la ayuda a domicilio y las nuevas bases de ayudas sociales
El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa celebró este miércoles la Mesa Insular de Acción Social y Mayores, un encuentro de trabajo con los ayuntamientos de la isla para analizar la situación de la dependencia, la discapacidad y las nuevas bases de emergencia social y ayudas técnicas.
La reunión, convocada por el Área de Bienestar Social e Inclusión, contó con la participación del consejero del Área, Marci Acuña, y de la directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez Cuélliga, que se desplazó a Lanzarote para abordar con los municipios el estado de implantación de la Ley de Dependencia.
Durante la Mesa se analizaron los avances en dependencia, teleasistencia avanzada, Servicio de Ayuda a Domicilio, valoraciones de discapacidad y modificaciones de las bases de emergencia social y ayudas técnicas.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó la importancia de la coordinación institucional para mejorar la respuesta a la ciudadanía.
“La coordinación entre administraciones es clave para que los recursos lleguen antes y mejor a las personas que los necesitan”, señaló.
Betancort apuntó que se trata de áreas que afectan directamente a la vida diaria de muchas familias de Lanzarote y La Graciosa, como dependencia, discapacidad, accesibilidad, ayudas técnicas y emergencia social.
La directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez Cuélliga, agradeció al Cabildo la invitación e indicó que Lanzarote “era la isla que mayor atraso llevaba en la resolución de los expedientes de dependencia”.
Ramírez señaló que actualmente quedan 128 personas pendientes de valoración y avanzó que la previsión es que “entre la próxima semana y la siguiente” la isla pueda estar al día en esta materia.
La directora general destacó también la evolución de los nuevos servicios públicos vinculados a la dependencia.
En este sentido, informó de que el Servicio de Ayuda a Domicilio, puesto en marcha como prestación pública en mayo, cuenta ya con 50 personas dadas de alta.
Asimismo, la teleasistencia avanzada ha pasado de 126 usuarios iniciales a 508 personas con el servicio instalado.
“Tenemos que seguir avanzando porque todavía hay personas en lista de espera para la teleasistencia y para el Servicio de Ayuda a Domicilio, pero estamos trabajando en ello”, afirmó Ramírez.
Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, aseguró que la situación actual “no tiene nada que ver con la que existía a principio de mandato”.
“La noticia entonces era el retraso y casi una actitud de resignación por los tiempos de espera que había tanto para conseguir el reconocimiento de la dependencia como para las valoraciones de discapacidad. Tres años después le hemos dado la vuelta a esa situación gracias a políticas activas dirigidas a cambiar esta realidad”, dijo.
Acuña destacó que los nuevos servicios deben coordinarse con los ayuntamientos “para que se presten de la manera más eficaz posible”.
También puso el foco en la evolución de las valoraciones de discapacidad.
“Hemos pasado de esperas de dos años y dos años y medio en 2023 a tiempos por debajo de los seis meses, que es lo que marca la ley”, insistió.
Durante la reunión, el Cabildo trasladó a los ayuntamientos las modificaciones de las bases de emergencia social y ayudas técnicas.
Las ayudas de emergencia social mantienen su límite económico de hasta 3.000 euros.
La principal novedad se incorpora en las ayudas de emergencia técnicas, que podrán valorarse hasta el 95% del coste total cuando estén vinculadas a necesidades acreditadas de accesibilidad, autonomía personal e inclusión de personas con discapacidad.
“Estamos adaptando las bases a la realidad que viven muchas familias. Hay necesidades que no pueden resolverse con una ayuda estándar, porque hablamos de accesibilidad, autonomía personal, productos de apoyo, adaptaciones o tratamientos especializados”, explicó Acuña.
Según los datos analizados en la Mesa, Lanzarote cuenta con 6.896 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.
Además, solo constan 7 solicitudes que superan el umbral de 180 días, mientras que otras 308 se encuentran dentro de plazo por corresponder a fechas recientes.
