La moción aprobada insta a los siete ayuntamientos a revisar sus ordenanzas para eliminar tasas de reserva, ocupación y señalización de las plazas vinculadas al domicilio o lugar de trabajo
El Pleno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado este martes una moción presentada por Coalición Canaria para impulsar la gratuidad de las plazas de estacionamiento reservadas a personas con movilidad reducida en los siete municipios de la isla y avanzar hacia unas condiciones económicas y administrativas homogéneas.
El acuerdo busca eliminar las diferencias existentes entre ordenanzas municipales en cuestiones como las tasas por reserva de espacio, ocupación de la vía pública o instalación y mantenimiento de la señalización de las denominadas plazas PMR nominales, vinculadas especialmente al domicilio o al lugar de trabajo de sus beneficiarios.
La iniciativa no supone que esas tasas queden eliminadas automáticamente tras el acuerdo del Cabildo. Son los ayuntamientos los que tienen competencia sobre sus ordenanzas fiscales, por lo que cada municipio deberá tramitar las correspondientes modificaciones para aplicar la gratuidad.
La normativa estatal reconoce a los titulares de la tarjeta de estacionamiento el derecho a solicitar una plaza reservada próxima a su domicilio o puesto de trabajo cuando acrediten su necesidad, aunque las condiciones concretas corresponden a las administraciones autonómicas o locales.
Diferencias actuales entre municipios
El Cabildo parte de la existencia de criterios distintos en Lanzarote. Dependiendo del municipio, las reservas pueden tener tratamientos económicos diferentes, circunstancia que la moción pretende corregir mediante una actuación coordinada.
Arrecife constituye un ejemplo de esas diferencias. Su ordenanza fiscal contempla 30 euros anuales por metro lineal reservado y cantidades específicas por señalización, aunque desde 2022 establece cuota cero cuando la persona con movilidad reducida acredita una situación de vulnerabilidad social mediante informe de Servicios Sociales.
El objetivo del acuerdo insular es avanzar hacia una exención que no dependa del municipio de residencia ni de una situación económica concreta, siempre que la persona cumpla los requisitos establecidos para acceder a este tipo de reserva.
El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, defendió que “la accesibilidad tiene que estar por encima de las diferencias administrativas entre municipios” y sostuvo que los usuarios deberían poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con independencia de dónde residan.
“No estamos hablando de conceder un privilegio, sino de facilitar una medida que permite a muchas personas desplazarse, acceder a su vivienda y desarrollar su vida cotidiana con mayor autonomía y seguridad”, señaló.
Un diagnóstico de todas las plazas PMR de Lanzarote
La moción incorpora además la elaboración de un diagnóstico insular sobre el número y la ubicación de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
El estudio deberá permitir conocer cómo se distribuyen estos estacionamientos entre los siete municipios y analizar si la dotación disponible responde a las necesidades reales y a los estándares establecidos por la normativa.
La legislación estatal establece que los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deben disponer, como mínimo, de una plaza reservada por cada cuarenta plazas de aparcamiento o fracción, independientemente de las destinadas específicamente a residencias o lugares de trabajo.
El Cabildo pretende utilizar ese diagnóstico como herramienta para detectar posibles déficits, mejorar la planificación y disponer de una visión conjunta de la accesibilidad vinculada al estacionamiento en Lanzarote.
Coste cero para reserva y señalización
Uno de los principales objetivos del acuerdo es promover la eliminación total de los costes asociados a las plazas nominales para quienes cumplan los requisitos establecidos.
La propuesta incluye la tasa derivada de la tramitación de la reserva, la posible ocupación o aprovechamiento del dominio público y los gastos relacionados con la señalización necesaria para identificar la plaza.
Acuña reconoce que la aplicación efectiva dependerá de los ayuntamientos. “Son las corporaciones municipales las que deben adaptar sus respectivas ordenanzas”, señaló, anunciando que el Cabildo ofrecerá apoyo para facilitar el proceso.
Asistencia jurídica a los siete ayuntamientos
El acuerdo contempla precisamente que la institución insular facilite asistencia técnica y jurídica a los municipios que la soliciten para modificar sus ordenanzas fiscales.
El objetivo es evitar que cada ayuntamiento tenga que desarrollar aisladamente el proceso y favorecer criterios similares en toda Lanzarote. La iniciativa abre ahora una segunda fase: trasladar el acuerdo político del Pleno a cada consistorio para que estudie y tramite los cambios correspondientes.
