Los procedimientos están todavía en fase inicial y la empresa ha solicitado medidas cautelares que no suspenden por sí solas los acuerdos aprobados el 1 de junio
El conflicto entre el Consorcio del Agua de Lanzarote y Canal de Isabel II por el final de la concesión del ciclo integral del agua ha entrado formalmente en la vía judicial. El Consorcio recibió el 1 de octubre la notificación de dos recursos contencioso-administrativos interpuestos por Canal de Isabel II contra los acuerdos aprobados por unanimidad el pasado 1 de junio: uno dirigido contra la resolución definitiva del contrato y otro contra la reversión y toma de posesión del servicio por parte del ente público.
Los procedimientos se encuentran todavía en una fase inicial. Según la información facilitada por el Consorcio, Canal aún no ha presentado las demandas sobre el fondo, y el Tribunal ha requerido primero la remisión de los expedientes administrativos. Posteriormente, la empresa deberá concretar los argumentos jurídicos con los que pretende obtener la anulación de ambos acuerdos.
El presidente del Cabildo y del Consorcio, Oswaldo Betancort, sostiene que la institución defenderá las decisiones adoptadas.
“Vamos a defender la legalidad de los acuerdos adoptados por unanimidad y el interés general de Lanzarote y La Graciosa, mientras seguimos trabajando para mejorar el servicio”, afirma.
Dos recursos separados por orden del Tribunal
Canal de Isabel II había planteado inicialmente la impugnación de los dos acuerdos dentro de un único procedimiento.
Sin embargo, una providencia dictada el 11 de septiembre obligó a separar ambos asuntos. La compañía presentó posteriormente, el 24 de septiembre, un segundo recurso específico contra la reversión del servicio.
La batalla judicial se desarrolla así sobre dos decisiones relacionadas pero distintas: la resolución del contrato concesional y la posterior toma de posesión del servicio por parte del Consorcio.
La Asamblea General había aprobado ambas actuaciones por unanimidad el 1 de junio, después de un procedimiento iniciado formalmente el 6 de octubre de 2025 y tras agotarse sin acuerdo el plazo concedido a Canal Gestión para intentar ceder la concesión a un tercero.
Al día siguiente, 2 de junio, el Consorcio tomó posesión material de las instalaciones y comenzó la gestión directa del abastecimiento, saneamiento y reutilización de Lanzarote y La Graciosa.
Canal pide frenar ocho millones de euros en garantías
Aunque las demandas principales todavía no han sido formalizadas, Canal sí ha solicitado distintas medidas cautelares.
En el recurso relativo a la resolución contractual, la empresa pide al Tribunal que suspenda la ejecución de ocho millones de euros en garantías, distribuidos entre seis millones de garantía definitiva y dos millones de garantía complementaria.
Como alternativa, solicita que la ejecución quede limitada al 43,33 % del total, porcentaje que relaciona con los aproximadamente trece años durante los que se prestó el servicio frente a los treinta previstos inicialmente para la concesión.
Canal sostiene, según la información trasladada por el Consorcio, que los avales fueron constituidos directamente por Canal de Isabel II y no por Canal Gestión Lanzarote y argumenta que habrían quedado extinguidos cuando se produjo la cesión contractual en 2013.
También defiende que no procede ejecutar íntegramente esas garantías antes de que concluya la liquidación del contrato y se cuantifiquen, en su caso, daños y perjuicios.
El Consorcio mantiene una interpretación diferente. Betancort recuerda que Canal de Isabel II fue la adjudicataria inicial, que posee el cien por cien de Canal Gestión Lanzarote y que, según sostiene la institución, asumió responsabilidades solidarias vinculadas a la concesión.
Será ahora el Tribunal quien tenga que pronunciarse sobre las medidas cautelares una vez escuchadas las alegaciones de las partes.
Las cautelares no suspenden por ahora los acuerdos
Un elemento importante del procedimiento es que la presentación de estas peticiones no paraliza automáticamente ni la resolución contractual ni la reversión del servicio.
Hasta que exista una decisión judicial específica, el Consorcio mantiene la gestión directa que comenzó el pasado 2 de junio.
Durante las primeras semanas tras la toma de posesión, la institución informó de que había asumido más de un centenar de contratos, expedientes y servicios operativos para mantener el funcionamiento del sistema.
Además, los 205 trabajadores que mantenía la anterior concesionaria se incorporaron a la nueva etapa de gestión directa, manteniéndose la continuidad de los servicios y de la atención a los usuarios.
Canal también reclama contratos y acceso a información
El segundo frente judicial afecta directamente a la forma en que se ejecutó la reversión.
Canal solicita que el Consorcio se subrogue en determinados contratos y relaciones jurídicas con terceros vinculados al servicio que mantenía la anterior concesionaria. También reclama acceso a documentación, aplicaciones informáticas e instalaciones que considera necesarias para completar la liquidación.
El Consorcio sostiene, por su parte, que desde el 2 de junio ha ido articulando sus propios procedimientos de contratación y que la toma de posesión no implicaba asumir automáticamente todos los contratos privados de Canal Gestión Lanzarote.
La transición ha requerido precisamente construir una nueva estructura técnica, administrativa, contractual e informática para mantener operativo el servicio.
Betancort responde a las críticas del PSOE
La llegada formal de los recursos abre también otro capítulo del enfrentamiento político que se ha producido durante los últimos meses.
Betancort sostiene que el Consorcio no recibió la comunicación judicial hasta el 1 de octubre y utiliza ese dato para responder a las acusaciones previas del PSOE sobre una supuesta falta de transparencia.
“El Consorcio no podía ocultar una demanda que no había recibido ni conocía”, afirma el presidente, que asegura que la documentación será incorporada ahora a los expedientes, trasladada a los órganos del Consorcio y contestada jurídicamente.
El presidente añade además que ya ha contactado con los alcaldes que integran el ente consorcial.
Se trata de una respuesta política del Gobierno insular a las críticas socialistas. El dato verificable en este momento es que el Consorcio sitúa el 1 de octubre como fecha de recepción de la notificación judicial.
Una concesión prevista inicialmente para 30 años
El contrato ahora en disputa fue firmado en junio de 2013 y contemplaba una duración inicial de 30 años. La gestión concesionada terminó, sin embargo, después de aproximadamente trece años.
La ruptura definitiva llegó después de un largo conflicto entre las partes sobre inversiones, tarifas y cumplimiento de obligaciones contractuales.
Las propias cuentas consolidadas de Canal de Isabel II correspondientes a 2025 ya recogían el procedimiento de resolución abierto por el Consorcio y el rechazo de Canal Gestión Lanzarote a los incumplimientos que le atribuía la administración insular.
Desde junio, el escenario cambió completamente: el servicio pasó de una concesión privada a una gestión directa por el Consorcio. Lo que comienza ahora es la revisión judicial de la legalidad de esa decisión y de sus consecuencias económicas.
Hasta que los tribunales resuelvan o acuerden alguna medida cautelar, el Consorcio continuará prestando directamente el abastecimiento, saneamiento y depuración en Lanzarote y La Graciosa.
