Ángel Vázquez firmó las bases y la resolución definitiva del proceso, pero sostiene que había delegado sus competencias en Recursos Humanos y que no intervino en la selección
La obtención de una plaza fija en los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote por Gabriel Vázquez Díaz, hijo del consejero delegado de la entidad, Ángel Vázquez, ha abierto una fuerte controversia política en el Cabildo.
El PSOE de Lanzarote ha exigido al presidente insular, Oswaldo Betancort, el cese inmediato de Vázquez, al considerar incompatible políticamente su continuidad después de que el consejero firmara la resolución definitiva de un procedimiento selectivo en el que resultó elegido su propio hijo.
Vázquez rechaza cualquier intervención en favor del aspirante. El consejero asegura que se había apartado de la gestión de los procesos de selección de personal mediante la delegación de competencias en Recursos Humanos y Contratación, y sostiene que su firma en la resolución tuvo únicamente carácter “formal y procedimental”.
Firmó las bases y la resolución definitiva
El proceso tenía como objetivo cubrir 15 plazas fijas de fregador mediante concurso de méritos y oposición de promoción externa.
Las bases fueron firmadas por Ángel Vázquez el 16 de enero de 2024. El procedimiento quedó posteriormente paralizado por una causa seguida ante el Juzgado de lo Social número 1 de Arrecife y se retomó en junio de 2025, manteniendo las candidaturas existentes y abriendo un nuevo plazo de participación.
Gabriel Vázquez apareció inicialmente entre los aspirantes excluidos provisionalmente al no acreditar determinada documentación, entre ella la titulación requerida y certificados relacionados con manipulación de alimentos. Tras el periodo de subsanación pasó a las siguientes fases del proceso.
La resolución definitiva fue firmada por Ángel Vázquez el 12 de noviembre de 2025. Su hijo quedó clasificado en séptima posición, con 55,25 puntos, dentro de las 15 plazas adjudicadas. El primer seleccionado obtuvo 71,85 puntos y el último de los adjudicatarios, 50,03.
El PSOE pone el foco en la obligación de abstención
La portavoz adjunta socialista, Ariagona González, considera que la cuestión central no es únicamente cómo se desarrollaron las pruebas, sino si Vázquez debía haberse apartado formalmente de cualquier actuación relacionada con el expediente al concurrir su hijo.
El PSOE recuerda que las propias bases hacían referencia a los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, que regulan las causas de abstención y recusación de autoridades y empleados públicos cuando existen determinadas relaciones personales con interesados en un procedimiento.
“Estamos hablando de un consejero que firma la resolución definitiva de un proceso selectivo en el que una de las personas que obtiene una plaza fija es su propio hijo”, sostiene González.
La dirigente socialista evita anticipar qué consecuencias jurídicas podría tener lo ocurrido, pero afirma que, desde el punto de vista político, la permanencia de Vázquez al frente de los CACT resulta “insostenible”.
La existencia de parentesco sí es una de las circunstancias que pueden activar el deber de abstención contemplado en la legislación administrativa. La cuestión jurídica concreta es si la participación formal de Vázquez en esas resoluciones encaja en ese supuesto y qué efectos tendría, algo que no está determinado por ahora mediante resolución judicial o administrativa conocida.
Vázquez: “Mi firma fue formal y procedimental”
Ángel Vázquez niega que participara en la valoración de candidatos o que realizara actuación alguna destinada a favorecer a su hijo.
El consejero sostiene que antes del desarrollo del proceso había delegado sus competencias en los departamentos de Recursos Humanos y Contratación precisamente para reforzar la imparcialidad de los procedimientos.
Sobre su rúbrica en la resolución definitiva, asegura que fue una actuación estrictamente formal: “La rúbrica valida y da carácter de oficialidad a los informes y resoluciones de técnicos competentes y responsables de área”, explica.
Vázquez ha reaccionado también con dureza a la difusión de la información y sostiene que se ha traspasado el ámbito de la crítica política para involucrar a su familia.
“Alguien ha cruzado una línea roja filtrando una noticia sesgada e interesada, que trasciende del ámbito político al personal, solo por hacer daño”, afirmó.
El responsable de los CACT anuncia además que está estudiando posibles actuaciones para “proteger” sus derechos y reparar el perjuicio que considera que se está causando.
Un proceso que había pasado previamente por los tribunales
Vázquez recuerda que la convocatoria sufrió una paralización después de una denuncia planteada por un sindicato del Comité de Empresa.
Según la versión trasladada por el consejero, el procedimiento pudo reanudarse después de que el juzgado resolviera a favor de la entidad. La convocatoria se reactivó el 10 de junio de 2025, conservando las candidaturas ya registradas y permitiendo nuevas solicitudes.
Posteriormente se abrió el plazo de subsanación, se publicó la relación definitiva de aspirantes y se desarrollaron las pruebas previstas por el departamento de Recursos Humanos.
Vázquez utiliza esta secuencia para defender que el procedimiento estuvo dirigido técnicamente por los departamentos correspondientes y no por el consejero delegado.
Betancort pedirá explicaciones
La polémica ha llegado ya al presidente del Cabildo.
Según información publicada este jueves, Oswaldo Betancort tiene previsto pedir explicaciones directamente a Ángel Vázquez y abordar también la situación con el Partido Popular, socio de Coalición Canaria en el Gobierno insular. Las posibles decisiones dependerían de la información que reciba.
Por ahora no se ha anunciado ningún cambio en la situación laboral del trabajador ni medida administrativa respecto al procedimiento de selección.
El PSOE reclama, sin embargo, una decisión inmediata. González pregunta cuándo tuvo conocimiento Betancort de que el hijo de su consejero participaba en el proceso y qué medidas piensa adoptar.
La controversia queda así abierta en dos planos diferentes: por una parte, la discusión jurídica sobre si Vázquez debía abstenerse incluso de las actuaciones formales del procedimiento; y, por otra, la responsabilidad política que el PSOE exige al consejero y al presidente del Cabildo.
