La Confederación Empresarial sostiene que los elevados costes residenciales están dificultando la contratación de personal y pide una respuesta conjunta de administraciones, empresas y sindicatos
La Confederación Empresarial de Lanzarote ha reclamado medidas urgentes para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda en la isla, un problema que, según advierte la organización, ya está teniendo consecuencias directas sobre el mercado laboral y la capacidad de las empresas para contratar y conservar trabajadores. El posicionamiento empresarial llega ante la convocatoria de huelga general de CCOO y UGT para el próximo 11 de noviembre, una movilización que sitúa entre sus principales reivindicaciones la vivienda, los salarios y la negociación colectiva.
La organización presidida por Beatriz Salazar comparte la preocupación por el aumento de las dificultades para acceder a una vivienda a precios asumibles, pero sostiene que la respuesta requiere medidas estructurales y la participación coordinada de las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales. La Confederación señala que el problema no afecta únicamente a quienes ya residen en la isla, sino también a profesionales que podrían desplazarse a Lanzarote para ocupar puestos de trabajo y finalmente desisten por no encontrar alojamiento o por no poder asumir su coste.
“La vivienda es hoy uno de los grandes problemas de Lanzarote. Hay profesionales dispuestos a trabajar en la isla que finalmente no pueden establecerse aquí porque no encuentran vivienda o porque los precios son inasumibles”, afirma Salazar. Para la organización empresarial, esta situación está generando dificultades adicionales en procesos de contratación y retención de personal, especialmente cuando una oferta laboral implica que el trabajador tenga que trasladar su residencia a Lanzarote.
Más suelo, vivienda protegida y agilidad administrativa
Entre las medidas que propone la Confederación Empresarial figura agilizar la disponibilidad de suelo y la tramitación de licencias, aumentar la oferta de vivienda pública y protegida, favorecer fórmulas de colaboración entre las administraciones y el sector privado y reforzar la seguridad jurídica. El planteamiento empresarial parte de la idea de que aumentar la oferta residencial requiere combinar diferentes instrumentos y evitar que toda la solución dependa de una única política pública.
La organización considera que las administraciones tienen un papel fundamental en el desarrollo de suelo, la planificación urbanística, la promoción de vivienda protegida y la reducción de los tiempos administrativos necesarios para sacar nuevos inmuebles al mercado. Al mismo tiempo, defiende la participación de la iniciativa privada dentro de un marco que permita aumentar el parque residencial disponible y responder a una demanda que considera especialmente elevada en Lanzarote.
La patronal separa el debate de vivienda de la negociación salarial
La Confederación introduce, no obstante, un matiz respecto a uno de los planteamientos que acompañan la huelga convocada por los sindicatos. La organización empresarial sostiene que las cuestiones salariales deben abordarse dentro de la negociación colectiva y teniendo en cuenta la realidad económica de cada sector, frente a la idea de trasladar directamente al conjunto de las empresas la responsabilidad de compensar mediante salarios el encarecimiento de la vivienda.
Según su planteamiento, la crisis residencial tiene un carácter estructural que supera el ámbito estrictamente laboral y requiere actuaciones específicas en política de vivienda. La patronal sostiene que las empresas pueden participar en la búsqueda de soluciones, pero rechaza que se les atribuya en exclusiva la responsabilidad de resolver un problema relacionado también con la disponibilidad de suelo, la planificación pública, la construcción de vivienda protegida y el funcionamiento general del mercado residencial.
Una llamada al diálogo antes de la huelga del 11 de noviembre
El comunicado llega en un contexto marcado por la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre, impulsada por CCOO y UGT alrededor de demandas relacionadas con los salarios, la vivienda y la negociación colectiva. La Confederación Empresarial no cuestiona en su posicionamiento la existencia del problema residencial, pero plantea una respuesta diferente, centrada en aumentar la oferta y buscar acuerdos entre administraciones, sindicatos y organizaciones empresariales.
“Lanzarote necesita soluciones y acuerdos. Administraciones, empresarios y sindicatos debemos sentarnos y trabajar conjuntamente para que vivir y trabajar dignamente en la isla sean compatibles”, concluye Beatriz Salazar. La organización empresarial sitúa así el acceso a la vivienda como un asunto que ha dejado de ser únicamente social o urbanístico para convertirse también en un problema de competitividad y funcionamiento del mercado laboral insular.
